Sanidad propone una sanción de 435.000 euros a Acciona por incidencias en el servicio de ambulancias

Repollés reconoce que la empresa adjudicataria “no ha sustituido ni los vehículos ni la asistencia del personal con el tiempo requerido”

“Incidencias graves que han afectado al servicio y a la calidad del transporte sanitario”. Así ha tildado la consejera de Sanidad, Sira Repollés, el problema con el servicio de ambulancias en Aragón en estos últimos meses, que se ha saldado con una propuesta de sanción a la empresa adjudicataria, Acciona, de 435.000 euros. Las causas que son “únicamente” de índole laboral, como ha subrayado, han afectado a la prestación del servicio, “retrasando el tiempo de respuesta y, en ocasiones, dejándolos inoperativos”.

Las “numerosas” incidencias -como pinchazos en las ruedas o amenazas a los no participantes en la huelga- según ha detallado la consejera a lo largo de su comparecencia en la Comisión de Sanidad, celebrada este viernes, han conllevado a que su Departamento contrate recursos con otras empresas externas. En este sentido, Repollés ha reconocido que la empresa adjudicataria “no ha sustituido ni los vehículos ni la asistencia del personal con el tiempo requerido”, razón por la cual han elevado propuesta de sanción. “Solo en lo que afecta a la baja del personal en diciembre hubo 97, y en enero 106”, ha destacado.

Tras esta problemática y con la vista puesta en un nuevo pliego del servicio de transporte sanitario urgente, Repollés ha ratificado que “el Gobierno de Aragón ha hecho los deberes”. “La solución es el lanzamiento de un nuevo pliego que mejore la calidad de recursos y de personal”, ha manifestado. Además, la máxima responsable en Sanidad de la DGA ha incidido en que, desde la firma del convenio colectivo, “no se ha registrado ninguna incidencia”.

La portavoz en materia sanitaria de Cs, Susana Gaspar, quien ha solicitado la comparecencia de Repollés, ha remarcado que la situación actual es “consecuencia directa de la desidia del Departamento de Sanidad”. Por otra parte, le ha querido dejar claro a la consejera que su formación no quiere que haga de intermediaria, “sino que exija a la empresa el cumplimiento íntegro del contrato que firmaron”. “Era más fácil mirar hacia otro lado y dejar pasar el tema”, ha denunciado la liberal.

Desde IU, Álvaro Sanz ha sido muy crítico con la gestión de Repollés. El diputado ha garantizado que el modelo actual les sirve como “coartada” para “no mover un dedo”, pero -ha añadido- “a los trabajadores los lleva a la precariedad”. “435.000 euros en esas dos sanciones en un contrato cuyas anualidades oscilan entre 14 y 19 millones”. “Les sale barato a la empresa incumplir”, ha lamentado Sanz.

En relación con las formas de actuar frente a los incumplimientos de los contratos ha desarrollado Vox su intervención. Su portavoz, Santiago Morón, ha explicado que los nuevos pliegos “deberían dejar muy clara la forma de actuar antes estos hechos”. No nos podemos quedar únicamente en una propuesta de sanción, hay que garantizar la asistencia sanitaria en primer lugar”, ha aseverado el diputado.

Por su parte, Esther Peirat (PAR) ha considerado que “ni el 061 ni el Salud tienen competencias, son los sindicatos los que deben llevar esta negociación”. Un mensaje que también ha mandado desde CHA, Isabel Lasobras. “La empresa es la que tiene que poner las correcciones en tiempo y forma”, añadiendo que “solo buscan rédito económico”.

Mientras tanto, Itaxo Cabrera (Podemos), no ha seguido la misma línea de planteamiento que sus socios del cuatripartito. Para Cabrera es necesario caminar hacia la “internalización”. “Si hubiera sido un servicio internalizado, ahora no estaríamos en esta situación. Sería un servicio gestionado por el Departamento”, ha explicado añadiendo que esto ya ocurre en comunidades como La Rioja o Baleares. Asimismo, ha achacado fallos de comunicación al Departamento. “Sanidad ha tenido problemas de poder comunicar hacia fuera el problema de este servicio”, ha afirmado.

Por último, desde las filas del PP, Ana Marín, ha enunciado que la DGA sigue echando “balones fuera”. “Cuando no es la empresa es el convenio colectivo”, ha puntualizado. Además, le ha preguntado al Parlamento que “si estas situaciones se hubieran dado a cabo con el PP, estarían tan callados”.

Repollés manifiesta que la internalización no es posible 

Tras reconocer que se ha hecho un estudio sobre la posible internalización del servicio de ambulancias, la consejera ha afirmado que la “complejidad es enorme”, incidiendo en que “no tiene nada que ver la situación de unas comunidades con otras”.

Repollés ha avanzado que el principal problema son los puestos de trabajo. “No los técnicos de emergencias sanitarias, sino los médicos que prestan el servicio sanitario en las emergencias que no tienen una cualificación profesional que se pueda incluir en los servicios sanitarios de la red sanitaria pública”, ha explicado. “Es un problema que no nos corresponde a nosotros solucionar, corresponde al Estado”, ha matizado, tras adelantar que “estarían encantados de que esas personas pudieran entrar en el sistema sanitario público”.

“Hoy por hoy no puede ser. Tendría que haber una reforma laboral en el sentido de las cualificaciones profesionales que el Estado nos permite contratar en la Sanidad Pública”, ha zanjado.

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