Stop Desahucios reclama ante la DGA un parque público de vivienda para solucionar el problema habitacional

La solución consistiría en “decir qué pisos son los que no está utilizando la banca, cuáles son los que están vacíos y cuáles podrían dar esa garantía. Las instituciones simplemente tendrían que recuperarlos y ponerlos al servicio de la ciudadanía", ha explicado el miembro de Stop Desahucios, Carlos Pérez

Desde una concentración a las puertas del Edificio Pignatelli, la sede del Gobierno de Aragón, la plataforma Stop Desahucios ha vuelto a reclamar un parque público de vivienda que ofrezca un “alquiler social y una alternativa habitacional digna para los sectores más desfavorecidos”. Asimismo, han denunciado la paralización de los acuerdos con la Sociedad Municipal de la Vivienda, perteneciente al Ayuntamiento de Zaragoza, que conllevará el “desahucio de algunas personas” a partir del 28 de febrero.

Tras un acuerdo entre la concejalía de Vivienda y la Sociedad Municipal de la Vivienda del consistorio zaragozano por el que se establecía que aquellas familias vulnerables o con problemas económicos, que residen en viviendas sociales, “irían pagando cuando pudieran sus deudas”, este lunes la portavoz de la Red solidaria del Actur, Asún Gulina, ha manifestado que se han roto las negociaciones. “En estos momentos, esos acuerdos están rotos y tenemos sobre la mesa un informe judicial que habla de que, a partir del 28 de febrero, se empiezan a desahuciar a algunas personas”, ha lamentado Gulina.

En relación con este asunto, la portavoz de la Red solidaria del Actur ha reconocido que “van a seguir luchando”. “No lo vamos a consentir, nuestras personas están cumpliendo estrictamente los acuerdos y el Ayuntamiento se los ha saltado”, ha aseverado. Por otra parte, ha denunciado la puesta en marcha de un nuevo artículo, para los nuevos contratos de “aquellos que no deben dinero”, que expresa que “en caso de venta de las viviendas sociales municipales, los inquilinos no tendrán ningún derecho ni a la compra ni a la indemnización”. “Eso es indicativo de algo. Detrás de esto hay una clara intención de venta de estas viviendas, otra cosa es que puedan conseguirlo y les salga bien”, ha sentenciado Gulina.

La Ley de Vivienda «no arregla nada» 

Con vista a que la directora de Vivienda de la DGA “se entere de primera mano de los problemas que están pasando y las soluciones que podría aportar”, la plataforma Stop Desahucios ha convocado este lunes una asamblea abierta a las puertas de la sede del Ejecutivo autonómico.

“Tenemos muy presente los ejemplos de Barcelona, Madrid y Burgos. Ahí con un poco de voluntad política y sentándose a negociar, tanto los ayuntamientos como la banca y los sectores de vivienda, se consigue llegar a acuerdos como, por ejemplo, ampliar el parque público de vivienda, que es la única solución que quedaría para paralizar los desahucios y dar una alternativa habitacional a todos los afectados”, ha explicado Carlos Pérez, miembro de la asamblea.

Pérez ha añadido que la solución consistiría en “decir qué pisos son los que no está utilizando la banca, cuáles son los que están vacíos y cuáles podrían dar esa garantía. Las instituciones simplemente tendrían que recuperarlos y ponerlos al servicio de la ciudadanía. Cauces hay, es una solución que se ha dado en otras ciudades”, ha sostenido.

Por su parte, la portavoz de Stop Desahucios, Concha Cano, ha recordado que existe una ley, concretamente el art. 24 de la Ley 10/16, que “permite hacer eso”. “Lo que pasa es que en la consejería de Vivienda nos han prometido que lo tienen que reglamentar y así llevamos esperando dos años”, ha expresado Cano, quien ha querido dejar claro que “es posible hacerlo y, sobre todo, mediante ley”.

Por otro lado, la portavoz ha destacado que la Ley de Vivienda, “en la que nosotros pusimos muchas esperanzas, al final no nos arregla nada”. “Primero, porque les deja a las autonomías que la implementen o no, aquí en este caso aún no se ha puesto en marcha, y segundo, porque no es una ley que evite los desahucios”, ha aclarado. En este sentido, Cano ha declarado que para evitar los desahucios es “primordial” tener vivienda social. “España tiene un 1’5 o 2% de vivienda pública para alquiler social y Aragón no llega ni a eso. La DGA debe tener unas 400 viviendas para 8.000 personas en lista de espera en el Ayuntamiento de Zaragoza”, ha indicado.

Por último, Cano ha reconocido que la ley de Aragón en materia de vivienda, la Ley 10/16, es “mejor” que la propia Ley de Vivienda para evitar desahucios. “Esto se debe a que tiene varios artículos que hace que los pisos de los bancos, que llevan vacíos un tiempo, se puedan acoger para el alquiler social y, además, entran todas las personas que estén en desahucios, ya sea por hipoteca, por alquiler o por no tener contrato. Todas estas cosas en la Ley de Vivienda no aparecen”, ha concluido la portavoz.

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