El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Perte del sector agroalimentario para dotar de la financiación y de las líneas de actuación necesarias para emprender los cambios medioambientales, digitales, sociales y económicos a los que tendrá que hacer frente en la próxima década. Una hoja de ruta del que Aragón estaba especialmente pendiente, dada la importancia estratégica de este sector, que factura 4.600 millones de euros en la Comunidad.
Este Perte contará con una inversión pública de unos 1.000 millones de euros hasta 2023. Se prevé que genere un impacto de partida en la economía de unos 3.000 millones de euros, estimándose además una creación neta de hasta 16.000 empleos. A esta cantidad será necesario añadir los efectos positivos sobre el conjunto de la economía derivados de la creación de nuevos modelos y oportunidades de negocio, las nuevas oportunidades laborales generadas por las actuaciones ligadas al Perte, así como los ahorros generados en el tejido productivo, las economías domésticas y los presupuestos públicos.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha contextualizado este Perte dentro de la estrategia global de la política del Gobierno con relación al sector agroalimentario. Asimismo, ha destacado que junto a la Política Agraria Común (PAC), el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura suman más de 50.000 millones y suponen “la cifra más alta de inyección de fondos públicos más alta que se haya producido jamás en el sector”. Planas ha destacado que, por encima de la importancia económica del sector agroalimentario en España, tiene una “gran significación social y territorial y ambiental”.
A nivel nacional, el sector agroalimentario contribuye con casi un 10% al PIB y está conformado, en su mayor parte, por pequeñas y medianas empresas. Un 96 % de las más de 30.500 empresas son pymes. De esta forma, el Perte se concibe como un conjunto de medidas que benefician a empresas y autónomos del sector agroalimentario y que generan sinergias con unos objetivos claros: mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad y seguridad del sector agroalimentario. Además, dada la importancia del sector agroalimentario en el medio rural, se incorpora la contribución al reto demográfico como objetivo transversal.
Este Perte se basa en tres ejes prioritarios, que abordan actuaciones transformadoras sobre la cadena de valor industrial, medidas de apoyo a la digitalización del sector agroalimentario y a la investigación científica. En primer lugar, hay un paquete especifico para la industria, dotado con 400 millones, mejorar sus procesos de producción.
En segundo lugar, se concibe un eje de 454,35 millones con medidas concretas para apoyar el proceso de adaptación digital y que se extienda a todos los agentes que forman parte de su cadena de valor. Destaca, para las pequeñas empresas y microempresas agroalimentarias, así como para autónomos, el Programa Kit Digital, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, del que se podrían beneficiar con unos 275 millones de euros con el objetivo de que digitalicen sus procesos o pongan en marcha una tienda en línea.
Finalmente, un tercer eje contiene propuestas específicas de apoyo a la innovación y la investigación para lograr un sector agroalimentario competitivo en todos los eslabones. Una de las líneas de I+D+i que se realizará de la mano de las comunidades autónomas permitirá avanzar, a través de varios proyectos prioritarios de agroalimentación y de las ciencias del mar, en productividad, competitividad, sostenibilidad y calidad. Tendrá una dotación de 148,56 millones.
