Las pymes reclaman a la Administración Pública «que pague a tiempo» mediante una claúsula social

Los plazos de pago se duplican e incluso se triplican en algunas ocasiones

Aragón cuenta con 88.602 empresas censadas, de las que solo 117 tienen más de 200 trabajadores y la gran mayoría (95,34%) tienen menos de diez empleados. Esto hace que el 99% del tejido empresarial de la Comunidad lo conformen pymes y autónomos, un colectivo que actualmente vive “una tortura” por el retraso existente en el pago a las subcontratas, que duplica los plazos, según ha explicado la presidenta de Cepyme Zaragoza, María Jesús Lorente. Por ello, esta mañana ha presentado una propuesta de cláusula social para incluir en los pliegos de la contratación pública con el objetivo de que “se nos pague en tiempo y forma”.

“Queremos que la financiación no recaiga sobre el pequeño, sino sobre quien ha contratado”, ha afirmado Lorente, quien ha añadido que “esto desmotiva” porque al no ser pagadas, las pequeñas empresas tienen que ir en busca de financiación a los bancos, que además, “no ofrecen las mismas condiciones para pequeñas que para grandes empresas”. Una situación que se suma a la crisis de la pandemia, los numerosos ERTE y la subida de los precios y que “nos preocupa porque mucha gente está tirando la toalla”, ha afirmado la presidenta.

Un total de 96 ayuntamientos la Administración Pública a nivel nacional suman una deuda de 213 millones de euros a pymes y autónomos y, además, tardan más de 365 días en pagar las facturas pendientes. Aunque Lorente ha querido destacar que no es el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, que sitúa su media de plazo de pago en los 26,67 días. Una cifra que está por debajo de lo estipulado por la Ley de Morosidad, que contempla un plazo de pago de 60 días. Además, Lorente ha indicado que las corporaciones presentan un periodo medio de pago a proveedores de 63,49 días, en vez de un máximo de 30 como marca la ley.

También las grandes empresas con posición de dominio del IBEX están superando esos plazos, llegando a triplicarlos con una media de 183 días, ha explicado la presidenta de Cepyme Zaragoza. El resultado de esto es que “están restando 56.844 millones de euros de liquidez a las pymes” y, según ha dicho Lorente, “somos la financiera de la Administración Pública”.

Las pymes, «ahogadas»

Por ello, la organización empresarial considera que, en el ámbito de la contratación pública, además de facilitar el acceso de pymes y autónomos a concurrir a dichos concursos, debería generalizarse la exigencia en los pliegos de contratación, como condición inexcusable y previa al pago del precio público a la empresa contratada, la justificación del efectivo pago a las subcontratas.

Los problemas para acceder a información, el desconocimiento de los procesos de licitación, la carga administrativa excesiva o el coste de preparación de ofertas hacen inaccesible el mercado de la contratación pública para pymes y autónomos y las convierte, en la mayoría de los casos, en subcontratas de grandes corporaciones.

Al superar dichos tempos, provocan que pymes y autónomos tengan su estructura financiera y solvencia “débil y dependan exclusivamente de los ahorros del empresario”, encontrando en la Comunidad a “muchas empresas ahogadas”. Por eso, ahora desde Cepyme Zaragoza esperan que se acepte esta cláusula social y “tengan la voluntad de tratar bien a las pymes”, ya que “somos el motor económico de Aragón”.

Para ello, han acompañado este martes a Lorente la presidenta de AJE, Silvia Plaza, el vicepresidente de FEMZ, Pablo Ruiz, y la vicepresidenta de Araga y presidenta de Fepea, Mercedes Royo. Todos ellos han solicitado que la Administración aplique, por “consenso, convencimiento y acuerdo de todos los grupos políticos”, a todos los contratos y pliegos de la Administración una cláusula de responsabilidad social, similar a las que actualmente se incorporan a los pliegos relacionados con la diversidad, igualdad, calidad o excelencia y que, en caso de incumplimiento, “conllevara explícitamente una penalización o inhabilitación temporal” para el acceso a contratación pública.

Print Friendly, PDF & Email