La DGA reformará los caminos y accesos a las fincas de 22 municipios con concentraciones parcelarias

El Gobierno de Aragón llevará a cabo actuaciones en caminos y accesos a las fincas de 22 términos municipales de las tres provincias aragonesas que cuentan con concentraciones parcelarias finalizadas e infraestructuras pendientes de ejecutar. El plan de choque, presupuestado con 30 millones de euros, ha sido presentado este lunes por el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, y el director general de Desarrollo Rural, Jesús Nogués. Seis localidades pertenecen a la provincia de Huesca (Gurrea de Gállego, Monflorite, Igriés, Calcón, Albero Bajo y Robres); ocho municipios pertenecen a la provincia de Teruel (Caudé, Ródenas, Bello, Bañón, Argente, Cella, Bronchales y Cucalón), y otros ocho a la demarcación territorial de Zaragoza (Mianos, Las Cuerlas, Almochuel, Gallocanta, Gelsa, Pozuelo, Valpalmas y Monreal de Ariza). De los 30 millones que la DGA ha previsto para este proyecto, 11,1 corresponden a la provincia turolense, 10,3 millones a la zaragozana y 8,6 a la provincia altoaragonesa. “Aragón es ya de las pocas que sigue apostando por esta importante actuación que tiene mucha relevancia y relación con otro de los propósitos políticos en los que vengo insistiendo que es la agricultura familiar. De hecho, la concentración parcelaria se incluye como herramienta en la Ley de Protección de la Agricultura Familiar”, ha expresado Olona. Una de las obras ya ha sido adjudicada, y otras cinco actuaciones cuentan ya con los proyectos de obra ejecutivos redactados. La idea del Gobierno autonómico es iniciar la redacción del resto de los planes este mismo 2022, con un horizonte de finalización de las obras entre 2027 y 2029. Financiación La financiación necesaria para la ejecución de este plan provendrá, tanto de la ampliación de fondos europeos (Feader) estatales y autonómicos que ha recibido el actual Programa de Desarrollo Rural de Aragón (PDR) para el periodo de prórroga 2021-2022 y que podrán ejecutarse hasta 2025, así como de los fondos también previstos para este fin en el futuro PDR integrado en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, que podrá ejecutarse hasta 2029. Según ha detallado el consejero Olona, alrededor de un 75% de los 30 millones procederá de los Feader y el PDR, mientras que el resto se desgranarán de ese plan incluido en la PAC 2023-2027. En la actualidad, en Aragón se están desarrollando actuaciones de concentración parcelaria -en sus diferentes fases- en 59 zonas, en las que se incluyen además algunos de los 22 términos municipales mencionados. Olona ha destacado que la concentración parcelaria contribuye a “reducir la dispersión de las parcelas, y mejorar la estructura parcelaria de las explotaciones”, así como tiene una gran influencia en “la reducción de las emisiones vía reducción del consumo energético, o la importante función que la concentración parcelaria desempeña cuando se aborda un regadío social”. Acondicionar y preservar caminos El director general de Desarrollo Rural, Jesús Nogués, ha detallado que las obras que suelen realizarse en estos casos buscan “preservar en la mayor medida de lo posible las trazas de los caminos anteriores, que hace que se preserven más temas de márgenes donde hay más biodiversidad, por tanto, tiene un enfoque ambiental claro”. Aun así, Nogués ha puntualizado que eso no implica evitar otras reformas como la mejora de los firmes o las condiciones de tránsito, o crear las nuevas obras de paso a las nuevas fincas que se crean. Los procedimientos de concentración parcelaria son actuaciones tradicionales de la administración agraria, que permiten alcanzar diferentes objetivos en base al reagrupamiento geográfico de parcelas dispersas de las que son propietarios, en un solo lugar. Estas actuaciones parten de la iniciativa de los ayuntamientos y propietarios de las zonas a concentrar, que deben alcanzar grandes acuerdos sociales para que puedan ponerse en marcha dado que suponen un cambio drástico de la distribución de la propiedad tanto en el aspecto jurídico (nuevos títulos de propiedad y escrituras) como también en la ubicación física de las parcelas. Todo ello en base a unos procedimientos de ejecución largos en el tiempo y extremadamente garantistas, ya que se afecta algo tan relevante como la propiedad. Finalmente se entrega, a cada agricultor, de las nuevas escrituras y las fincas de reemplazo correspondientes de forma concentrada en un lugar determinado, sustituyendo a sus anteriores propiedades dispersas en el territorio.