Un matrimonio contrató a un abogado para que les solucionase un pleito judicial con un problema de daños en un local alquilado que tenían en Híjar. Todo iba bien hasta que el letrado comenzó a mandarles correos electrónicos sospechosos exigiéndoles una cantidad de dinero para poder pagar unos costes judiciales. Estos emails, en los que se llegó a pedir 4.380 euros, iban acompañados de documentos supuestamente confeccionados en el juzgado que avalaban los reclamos económicos. Sin embargo, en el juzgado no tenían ni idea de esos papeles. El abogado acusado dice que le “hackearon” el correo electrónico, pero no interpuso denuncia alguna por ello. Acusación y Fiscalía piden para él cinco años de prisión.
El acusado, M.C., abogado de profesión, llevaba varios casos judiciales que el matrimonio afectado tenía que resolver. M.C. comenzó a enviar correos electrónicos donde se les requería el ingreso de dinero en su cuenta para costes judiciales. En estos emails, el acusado acompañaba un documento supuestamente enviado desde juzgado donde explicaba los costes. Los afectados no dudaron en un primer momento y abonaron lo que les iba pidiendo.
La urgencia y las fechas en las que fueron enviados los correos electrónicos -en agosto los juzgados están cerrados- levantaron todas las sospechas al matrimonio al que le “sonaron todas las alarmas”. El matrimonio ya había abonado 4.380 euros.
El matrimonio, defendido por el letrado Alberto Perulán, decidió entonces acudir al juzgado a conocer si los papeles eran reales o estaban siendo víctima de una estafa. El funcionario de justicia, según han explicado esta mañana los afectados en el juicio, se sorprendió del documento y les confirmó lo que se olían: habían sido engañados.
El acusado ha defendido esta mañana que “él no había enviado los correos” y que había sido “hackeado”. Ha explicado que sí que recibió el dinero pero que este ingreso, pensó, correspondía a “una liquidación final”. No denunció ante la Policía o Guardia Civil lo ocurrido, pero sí, según ha dicho, recibió de ellos consejos para cambiar las contraseñas. Un compañero de despacho ha pasado por la sala también a declarar y ha explicado que no tenía conocimiento de ningún hackeo a sus cuentas de correo y que una vez supo lo que estaba ocurriendo le pidió que dejase el despacho.
La acusación particular y la Fiscalía piden para M.C. cinco años de prisión por un delito de falsedad documental y que se indemnice al matrimonio afectado con 6.558 euros de responsabilidad civil.
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