ZeC teme que el nuevo reglamento de Servicios Sociales permita privatizar más servicios municipales

Las principales reivindicaciones de la formación pasan por la posibilidad de privatización y las sanciones a usuarios

El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha advertido este martes de que la reforma del reglamento de los Centros Municipales de Servicios Sociales del equipo de gobierno de la ciudad «abre la posibilidad a privatizar servicios como el de la línea 900 del servicio de información, orientación y valoración, ahora de gestión privada». La formación ha alertado de que esta privatización de servicios está amparada en esta reforma al señalar que “el desarrollo de las tareas de la Unidad Socio-Administrativa se desarrollará preferentemente por personal adscrito al Centro Municipal de Servicios Sociales, sin perjuicio de lo previsto por la Ordenanza municipal reguladora del servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación social”.

“Esto deja meridianamente clara la voluntad de externalizar esta prestación total o parcialmente. Algo ilegal como le recordó también el Justicia de Aragón en su resolución contraria a la gestión privada a través de la línea 900 de este servicio”, ha señalado la concejala Luisa Broto. Además, desde la formación han recordado que la privatización de estos servicios es contraria a la Ley de Servicios Sociales de Aragón y al Decreto de Centro de Servicios Sociales.

De igual forma, también han señalado que el borrador de reglamento del Servicio de Información, Valoración y Orientación, que se encuentra abierto a consulta pública en la actualidad, profundiza en la gestión externalizada de esas prestaciones, e «inventa modalidades susceptibles de privatización, como el asesoramiento administrativo, inexistente en la normativa aragonesa y que entra de lleno en las tareas de información y orientación que deben ser de gestión pública directa».

Zaragoza en Común también ha criticado otro de los aspectos de esta reforma, el endurecimiento del régimen de sanciones, con “medidas claramente desproporcionadas” que introducen “elementos de discrecionalidad y arbitrariedad en muchos aspectos generando una situación de inseguridad jurídica a las personas usuarias”. Como ejemplo, ante una falta de respeto cometida por una persona usuaria que esté atravesando una situación social grave, ha explicado Broto, la sanción supondría una multa económica difícilmente asumible y la privación de su condición de usuaria de los servicios de los Centros Municipales de Servicios Sociales durante medio año.

Por estos motivos, la formación ha acusado al concejal de Acción Social Ángel Lorén de “falta de diálogo y búsqueda de consensos en algo tan sensible”, al no convocar una sola vez a los grupos municipales para tratar la reforma del reglamento y por tener en consideración solo cinco de los 33 votos particulares presentados, siendo que todos ellos afectaban a cuestiones de tipo menor o meramente formales.

Así, Luisa Broto ha recordado a Lorén que “se han perdido dos años” porque la reforma del reglamento solo cambia “un 1% de los aspectos” del presentado la pasada legislatura, abierto a consulta pública y remitido a los Centros municipales de Servicios Sociales para aportaciones de los y las profesionales. “El 1% que sí han cambiado tiene dos intenciones muy claras y sustanciales: privatizaciones y endurecimiento de las sanciones a las personas usuarias”, ha criticado Broto.

Print Friendly, PDF & Email