Empresarios y sindicatos reafirman su compromiso con la DGA por una nueva financiación autonómica

La Cámara de Cuentas ha cifrado en 628 millones déficit de fondos estatales para sufragar la sanidad, educación y servicios sociales

“Compartimos la necesidad de afrontar la renovación del sistema de financiación autonómica en aras a mejorar la suficiencia financiera de Aragón”. Esta es la base de la declaración institucional suscrita por el Gobierno, empresarios y sindicatos para reclamar un reparto de fondos estatales acorde a las peculiaridades de la Comunidad, que, tal y como ha expuesto la Cámara de Cuentas, necesita transferencias de 628 millones de euros del Estado para sufragar los gastos en sanidad, educación y servicios sociales.

Porque, según afirma el presidente de Aragón, Javier Lambán, “el dinero prácticamente no llega para mantener los servicios públicos” y los capítulos de inversiones “han quedado reducidos a su máxima expresión”, manifestando una “insuficiencia clamorosa de recursos”. “Tenemos mucho camino por delante. Podemos estar orgullosos de que nuestros criterios sean asumidos por el Gobierno de España, pero debemos seguir perseverando e insistiendo, y los agentes sociales son fundamentales para definir estas políticas”, ha expuesto, confiando en cerrar la próxima semana un acuerdo con todos los grupos de las Cortes para defender una postura común en Madrid.

No en vano, el primer documento enviado por el Ministerio de Hacienda recoge la principal demanda de Aragón, que el reparto de los fondos se asuma en función del coste real de los servicios por habitante, del envejecimiento de la población y de la extensión y densidad de los municipios, aunque desde el Pignatelli aún se echa en falta que “se hable de suficiencia financiera, de lealtad institucional o de corresponsabilidad fiscal”. En este sentido, considera legítimo que cada región tenga derecho a “tener pocos impuestos, subirlos o eliminarlos”, pero “lo que no puede hacer es rebajarlos y pedirle al Estado que le dé el dinero que decide perder”. “El milagro de los panes y los peces ya pasó una vez”, ha ironizado.

Y es que, a juicio de Lambán, el Gobierno central debe implicarse en el mantenimiento de los pilares del Estado de Bienestar, como ya hace con las pensiones. “No aceptaré jamás que se busquen soluciones a cualquier precio para solucionar las pensiones y que se dejen en un segundo plano los otros tres pilares porque sean un problema de las comunidades. Igual es que un problema de Estado, la sanidad, educación y servicios sociales también lo son”, ha resaltado.

“No es una cuestión de partidos, sino del territorio”

Las ideas de Lambán han sido compartidas por todos los representantes de los agentes sociales, implicados en un “tema trascendental” para el futuro de la Comunidad. Así lo ha remarcado el presidente de CEOE, Ricardo Mur, quien no ha dudado en afirmar que el debate de financiación “va a trascender esta legislatura y la próxima”, incidiendo en que “no es una cuestión de partidos”, sino “de territorios”, de “obtener todos juntos un modelo que responda a las necesidades de Aragón, con justicia y lealtad, pero sin ser menos que nadie”.

A su vez, el presidente de Cepyme, Aurelio López de Hita, ha remarcado que no se trata de “justicia”, sino de “imperiosa necesidad” de obtener más recursos para sufragar los servicios públicos. “Si queremos corregir las diferencias y desequilibrios que hay en Aragón, manteniendo un tejido empresarial digno, suficiencia y que justifique las inversiones, no queda más remedio que hacer un planteamiento nuevo”, ha afirmado.

Los dos sindicatos mayoritarios de la Comunidad también se han unido al mensaje común en busca de una financiación que responda a las particularidades de Aragón. Un déficit que, según el secretario general de UGT, Daniel Alastuey, mezcla dos problemas: “la insuficiencia crónica” y la “añadida por la crisis que sufrimos en 2008”, cifrando esta cuantía en unos 500 millones de euros. “En 2008 se obligó a las comunidades a restringir el gasto para que fueran ellas las que recortaran los servicios públicos”, ha incidido.

Al mismo tiempo, el responsable de CCOO, Manuel Pina, ve “evidente” que el Ejecutivo no puede desarrollar todas las competencias “sin autonomía financiera”. “Son fundamentales los pilares del Estado de Bienestar, como la sanidad, educación y servicios sociales, pero también las infraestructuras, inversiones productivas y políticas de empleo. Se deben tener en cuenta las diferencias que tiene cada comunidad”, ha aseverado.

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