La riada que está atravesando por Aragón durante los últimos días afectará, presumiblemente, a unas 12.000 hectáreas de cultivo en la Comunidad. Así lo estima la DGA tras las diferentes reuniones que ha ido manteniendo con el Cecopi y según los cálculos del consejero de Medio Ambiente, Joaquín Olona. En este sentido, la responsable en materia de Presidencia, Mayte Pérez, ha querido remarcar que el Gobierno de España, tal y como aseguró Pedro Sánchez este martes en Pradilla, declarará como “zona catastrófica” aquellas áreas perjudicadas por la crecida, razón por la que los vecinos damnificados recibirán ayudas para paliar las pérdidas ocasionadas.
A pesar de reconocer que las afecciones “van a ser de magnitud”, el Gobierno aragonés quiere esperar a que finalice el estado de emergencia para poder realizar un balance “meticuloso y concienzudo” de los daños materiales. Asimismo, todavía no se pueden calcular las mermas económicas. En cuanto a la llegada de las ayudas desde el Ejecutivo nacional, Pérez ha defendido que España ha imprimido "bastante ritmo a la gestión de este tipo de expedientes". "Mientras antes llegaban a tardar tres años, las subvenciones de la borrasca Gloria han tardado un año y medio", ha subrayado, al tiempo que ha recalcado que “las administraciones implicadas tenemos que conseguir que las personas puedan retomar la normalidad lo antes posible”.
Ha continuado la consejera agradeciendo el papel de los diferentes organismos, desde el Gobierno central, pasando por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, hasta la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuyas actuaciones están siendo “absolutamente providenciales”. Tampoco se ha olvidado de los técnicos y voluntarios de Protección Civil, “por su entrega a la hora de gestionar este tipo de emergencia”, así como la Consejería de Sanidad, y en especial el Departamento de Agricultura y la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (Sarga).
“Magnífica" labor de los embalses
La turolense ha recordado que la dimensión de esta catástrofe se debe “seguramente” a que el río Ebro no tiene regulación en el tramo navarro. En este punto se ha detenido para poner énfasis en la “magnífica labor” que ejercen los embalses para laminar agua, sobre todo el de Yesa. “Hemos visto que la afección del paso del río Ebro por la Ribera Alta ha sido menor por todas las intervenciones que ha hecho la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y el Gobierno de Aragón a través de su Departamento de Agricultura en la deforestación y limpieza de los ríos”, ha explicado.
En este contexto, ha hecho referencia al Plan Integral del Ebro llevado a cabo en 2018, un plan “ambicioso” que alcanza los 80 millones de euros y que, según ha expuesto, se va ejecutando, habiendo actuado en casi 50 hectáreas, fundamentalmente en las localidades de Sobradiel, Pradilla, Pina de Ebro y Alcalá de Ebro. “Este aspecto ha resultado muy útil para que las aguas discurrieran con mayor rapidez. De esta manera, se han podido proteger los cascos urbanos y minorar el impacto que pueda tener la riada en daños materiales”, ha comentado. De hecho, en el caso de Pradilla, se intervino en 22 hectáreas de soto en las que se realizó la limpieza de la ribera, reduciendo el riesgo de que el agua entrara en el casco urbano.
También ha destacado que las actuaciones preventivas tienen un efecto muy positivo en el impacto de una riada “a pesar de su carácter imprevisible”. “Hemos visto claramente que en aquellas zonas donde las inundaciones impactaron más en 2015 se han logrado mitigar ahora los desperfectos gracias a las intervenciones”, ha matizado. Y en lo relativo a los desalojos, ha explicado que tan solo se produjo uno preventivo de 23 viviendas en el municipio de Novillas, recordando aquí que durante la riada de 2015 hasta 1.500 personas tuvieron que abandonar sus casas.
Además, hasta ahora han participado casi medio millar de efectivos. La DPZ, a través de un puesto de mando fijo, ha estado las 24 horas del día pendiente de cualquier necesidad que se iba marcando desde el Cecopi.
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