Vox denuncia «inseguridad jurídica» y un «efecto llamada» de la Ley que regula la Prestación al IMV

La formación parlamentaria considera que el Decreto de desarrollo de esta Ley no aporta claridad

El grupo parlamentario de Vox en Aragón plantea la reforma de la Ley por la que se regula la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital (Pacimv) y el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social. Concretamente, el artículo que hace referencia a los beneficiarios de la prestación. La formación considera que la «falta de claridad» en este punto puede conducir hacia una «inseguridad jurídica» y un posible «efecto llamada» para los perceptores de la ayuda.

Su propuesta va en la línea de que “podrán ser beneficiarias de la Prestación Aragonesa Complementaria las personas con residencia legal y efectiva en Aragón de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud, y empadronadas en un municipio de la comunidad aragonesa durante el mismo periodo de tiempo, que encontrándose en situación de vulnerabilidad económica, no cumplan todos los requisitos para ser titulares del IMV, en las condiciones que se determinen reglamentariamente».

En el supuesto de personas titulares del IMV, estas podrán tener la consideración de beneficiarias del complemento fijado para esa prestación «siempre que se cumplan los requisitos para ser beneficiario». En este sentido, Vox pide derogar todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en dicha Ley.

Falta de claridad 

La formación considera que el Decreto de desarrollo de esta Ley no aporta claridad. “A nuestro juicio ha cometido dos errores», ha señalado su portavoz, Santiago Morón. Por un lado, según expone, ha pretendido subsanar la Ley 3/2021 por vía reglamentarla, «atentando contra el principio de legalidad y jerarquía normativa» puesto que un reglamento no puede modificar una ley de rango superior. Por otra parte, en cuanto al fondo, la redacción final del artículo 4.f genera «mayor confusión y equívoco» en lo relacionado con los requisitos para ser beneficiario.

“El Gobierno de Aragón ha tenido tiempo suficiente para corregir esta situación, pero no lo ha hecho. Por ese motivo, impulsamos esta proposición de ley, ya que se establecen unos requisitos de acceso a la prestación menos rigurosos que los establecidos en la legislación estatal del IMV. Son del todo confusos e incluso contradictorios entre sí”, ha subrayado Morón.

Inseguridad jurídica y consecuencias negativas 

Además, desde Vox consideran que se abre la puerta a generar una serie de consecuencias negativas si se aplica este Decreto. En primer lugar, la judicialización de muchas solicitudes. En segundo término, el posible colapso en la tramitación de sus solicitudes y el consiguiente perjuicio a los solicitantes. Y en última instancia, un efecto llamada que conllevaría la entrada en Aragón de inmigración masiva no legal.

«El desarrollo reglamentario que se ha llevado a cabo por el Gobierno, así como el texto inicial de la Ley 3/2021, son del todo desacertados. Generarán inseguridad jurídica y consecuencias negativas que estamos a tiempo de evitar. El legislador debe aportar claridad y certidumbre. Con esta iniciativa pretendemos contribuir a la seguridad jurídica y evitar alarmas sociales innecesarias», ha concluido Morón.

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