Aragón reclama con otras siete Comunidades una financiación «justa» frente al desafío demográfico

Los representantes de las Comunidades Autónomas se han reunido en Santiago

Ocho Comunidades Autónomas, entre ellas Aragón, han firmado este martes en Santiago de Compostela una declaración institucional para reclamar un modelo de financiación justa al Gobierno Central entre otra serie de cuestiones relevantes para la sociedad. Junto al máximo representante de Aragón, Javier Lambán, han sellado el acuerdo los presidentes de Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León.

Estas Comunidades representan el 61,97% de superficie española, pero, sin embargo, se quedan únicamente en el 24,13% del total de la población. Por ello, los firmantes tienen claro que el nuevo modelo de financiación autonómica debe ser fruto de “la colaboración activa y leal de todas las administraciones”, tal y como rezan en la declaración institucional, recordando que debe respetar “la igualdad de todos los españoles para que cualquier persona en España tenga las mismas oportunidades”.

Consideran que la demografía, tanto en el presente como en el futuro, es el “mayor desafío” que afronta España y tiene “carácter crítico”. Remarcan también que esta emergencia demográfica desemboca en repercusiones “a nivel económico, social, cultural, medioambiental, fiscal, educativo, sanitario y de movilidad”, por lo que urge “adoptar medidas que permitan paliar y revertir la evolución de esta realidad”.

Por ello, incitan a que España acometa “de manera pronta el diseño de un nuevo modelo” que tenga más en cuenta criterios demográficos para “responder con eficacia y equidad a las necesidades del conjunto de los ciudadanos, vivan donde vivan”. En este aspecto, recuerdan que no sería posible conseguir un sistema justo e igualitario sin tener en cuenta los costes de los servicios de la extensión del territorio, la baja densidad y la dispersión, lo que obliga “a los poderes públicos a multiplicar las unidades de prestación de servicios de cercanía como escuelas, centros de salud o centros de día”.

Medidas a tomar

En la declaración exponen la necesaria creación de un fondo específico de carácter estatal para paliar “las desventajas de las zonas con desafío demográficos provocados, entre otros motivos, por la caída de la natalidad y el envejecimiento de la población”. Por ello, creen indispensable, por ejemplo, cumplir con el propósito de universalizar el acceso a los centros infantiles de 0 a 3 años para facilitar la compatibilización de la vida familiar y laboral. En este sentido, piden promover el retorno de los ciudadanos españoles que en la actualidad viven en el extranjero, así como la atracción de nueva población.

Especialmente relacionado con Teruel, las ocho Comunidades Autónomas han solicitado que reciba el mismo trato, junto a Soria y Cuenca, que las zonas denominadas como “escasamente pobladas”, un baremo que en la actualidad se sitúa en menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que éstas no alcanzan el 12,5. En este sentido, consideran que la pandemia ha abierto una ventana para incrementar el atractivo del medio rural para desarrollar un proyecto de vida, lo que traería consigo también un apoyo al sector agrícola, ganadero y pesquero.

No ha adquirido menos relevancia en la declaración la necesidad de garantizar servicios homogéneos, especialmente en Sanidad Pública, a través de un Pacto Nacional para promover la oferta necesaria de profesionales sanitarios en especialidades deficitarias como son la medicina de familia o pediatría. O la indispensabilidad de que la población de zonas rurales disponga de servicios bancarios, postales, culturales, comerciales o farmacias.

Por último, entre más reclamaciones, destaca el fomento las infraestructuras de transporte en estas zonas, pero también las tecnológicas para reducir “la brecha digital” y que el 100% de la población española disponga de acceso a banda ancha ultrarrápida.

El lobo, punto de desencuentro

De las ocho Comunidades, sólo seis han suscrito una addenda a esta declaración institucional relacionada con la presencia del lobo. Entre ellas está Aragón y se han desmarcado tanto Extremadura como La Rioja. Las firmantes han mostrado su apoyo a la ganadería extensiva, considerándola fundamental para la economía de las zonas rurales, y también su respaldo a aquellas comunidades que “albergan la práctica totalidad de lobos de España”.

En este último aspecto, remarcan que el reto es “lograr un modelo de coexistencia basado en las medidas ya contempladas en los planes de gestión de estas Comunidades”, solicitando al Gobierno Central que “recupere los espacios de consenso y diálogo sobre la gestión y conservación” de esta especie en el país.

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