El IASS concentra la mayor parte del presupuesto de Ciudadanía con 398 millones

El presupuesto se ha fijado en casi 447 millones de euros, lo que se traduce en tres millones más que el ejercicio actual // Foto: Cortes de Aragón

“Un presupuesto realista, riguroso y que persigue mantener el Estado del Bienestar y proteger a los más vulnerables”. Así ha definido la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, las cuentas de su departamento para 2022 en su comparecencia ante las Cortes. El presupuesto se ha fijado en casi 447 millones de euros, lo que se traduce en tres millones más que el ejercicio actual. La mayor parte del mismo está consignado al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que aglutina más de 398 millones.

Entre los principales ejes de actuación del IASS, destacan consolidar las políticas de atención a las personas dependientes, la ejecución del Plan del Mayor, garantizar la atención a los más vulnerables y avanzar en el programa de protección a la infancia en situación de dificultad.

Del presupuesto del instituto, 157,5 millones de euros (40%) se destinarán a prestaciones económicas, servicios y plazas concertadas para las personas dependientes. Otro de los programas más importantes es el de atención a las personas con discapacidad, que contará casi con 50 millones de euros para plazas concertadas y otros dos más para diferentes subvenciones.

En lo referente a inversiones, mención especial merecen los fondos europeos, de los que trece millones se han asignado al Departamento para que en 2022, junto a los créditos asignados al IASS, se alcancen un total de 29 millones. Estas inversiones están vinculadas al Plan del Mayor, que servirá de elemento aglutinador y coordinador de las políticas dirigidas a un sector de la población cada vez más creciente y con unas necesidades diferenciadas.

Entre los proyectos destaca el equipamiento social en el barrio de Valdefierro de Zaragoza, una demanda largamente expresada por los vecinos de la zona. La inversión prevista es de 22 millones de euros, nueve de los cuales se incluyen en los presupuestos de Ciudadanía para 2022. Se trata de un equipamiento moderno, novedoso en su concepción de atención centrada en la persona, abierto al barrio, y que da respuesta a la necesidad de plazas residenciales y de servicios. Se incluye también un centro para mayores en Ateca, basado en el nuevo modelo de atención y abierto a los vecinos de la localidad, y cuyo presupuesto total asciende a 6,5 millones de euros.

Otra de las partidas más reseñables es la destinada a los convenios y encomiendas de gestión a ayuntamientos y comarcas, que cuenta con un presupuesto de 45 millones de euros, cinco más que en el ejercicio anterior.

La puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV) por parte del Gobierno central ha supuesto un importante alivio para las cuentas del IASS, ya que cuenta con más de 8.600 perceptores en Aragón y supone la llegada de más de 40 millones de euros anuales. De todos modos, en los presupuestos de 2022 se destinarán inicialmente ocho millones de euros para la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital (Pacimv), aunque se trata de un crédito ampliable en función de las necesidades.

Instituto Aragonés de la Juventud 

Al Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) se destinan 7,1 millones de euros, montante que servirá para consolidar programas como los recursos para los más vulnerables, además de nuevos servicios dirigidos a la atención afectivo-sexual y la diversidad. Una de las medidas pioneras que pondrá en marcha el IAJ es la regulación de las instalaciones juveniles en la Comunidad, así como el impulso de la I Estrategia autonómica para el impulso y actualización de las actividades juveniles.

Asimismo, el Plan Retorno del Talento Joven Aragonés, que tenía fecha de finalización para 2022, pasará a ser indefinido y contará con ayudas para la mudanza y una asesoría de fiscalidad.

Departamento 

La Secretaría General Técnica y las direcciones generales del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales contarán con un presupuesto de 41,3 millones de euros. En este sentido, la Dirección General de Gobierno Abierto e Innovación Social dispone de un crédito de más de un millón de euros, que permitirá consolidar las actividades relativas a la participación ciudadana, la apertura y relegitimación de las administraciones aragonesas y los proyectos de innovación social.

Por otro lado, la Dirección General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración dispondrá de 6,6 millones de euros. Entre los proyectos nuevos que llevará a cabo, se encuentra la participación en la iniciativa Covax para el suministro de vacunas Covid a los países más desfavorecidos.

Además, la Dirección General de Igualdad y Familias contará con una asignación de 3,6 millones. Así, se consolidarán los servicios puestos en marcha durante este año, como el de orientación y asesoría jurídica en materia de igualdad de trato y no discriminación o el de atención psicológica en materia de igualdad de trato y no discriminación para personas LGTBI. Asimismo, volverán a convocarse ayudas para el ámbito de la igualdad y la no discriminación y las subvenciones para entidades locales y sociales para proyectos de conciliación familiar-laboral.

Por último, la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios dispondrá de 2,8 millones de euros que servirán para consolidar la financiación a ayuntamientos y comarcas para garantizar una red de oficinas de información al consumidor que lleguen a todo el territorio aragonés.

Oposición 

Después de la comparecencia de Broto, ha sido el turno de los partidos que integran la oposición. Por parte del PP, la diputada Marian Orós ha definido el presupuesto como un “engaño social”. Considerando que recortan en inversión social y en el bienestar de las personas, la popular califica de “inaceptable” la infradotación sobre la partida de subvenciones destinada al Pacto para el Desarrollo. Tampoco entiende cómo la inversión social baja un 17% en detrimento de la dedicada a infraestructuras gracias a los fondos europeos. “Pensaba que el protagonismo lo iban a tener las personas y las entidades que las sustentan, pero ustedes pasan página de lo urgente y necesario”, ha lamentado. Además, Orós ha destacado que Aragón “es una de las comunidades que tiene menos promedio de gasto por persona dependiente”, antes de criticar que “solo se destinan ocho millones de euros para la nueva Prestación Aragonesa Complementaria al IMV (Pacimv)”.

En representación de Ciudadanos, Loreto Camañes cree que se trata de un presupuesto que genera “incertidumbre y fragilidad”. A pesar de reconocer que se ha reducido considerablemente el número de personas en situación de dependencia y que existe un “incremento sustancial” en políticas sociales, aboga por fortalecer y reforzar el servicio a domicilio. También ha subrayado el “problema cronificado” entre conciliación y trabajo, exigiendo la instauración de la Ley aragonesa de Familia. Asimismo, confía en que se destinen “esfuerzos máximos” para hacer disminuir los índices de pobreza y para atender a la soledad no deseada de los mayores.

Por parte de Vox, David Arranz ha enfatizado que un empleo digno y de calidad es el “mejor escudo social”, antes de manifestar que “hay que asegurarse que quien recibe ayudas o prestaciones sociales se encuentra realmente en situación de necesidad”. También ha querido hacer hincapié en la discapacidad y la dependencia, así como en el “fracaso de Aragón a la hora de integrar socialmente a personas inmigrantes”. Por último, en referencia a la Pacimv, ha recordado la proposición presentada por su grupo para modificar la ley, “exigiendo la residencia legal y efectiva de los perceptores de esta ayuda”.

A cargo de IU ha intervenido Álvaro Sanz, que ha incidido en la “profunda mejora presupuestaria” que se debe producir en la política de cuidados y la pobreza. El diputado ha remarcado que las políticas de derechos “se garantizan mediante políticas de igualdad”. En este sentido, ha lamentado el “brutal recorte” en las partidas de recuperación, además de criticar la “falta de garantía y sensibilidad” del Gobierno de Aragón en lo relativo al Pacto para la Cooperación. “A la gente hay que darle respuesta clara y evidente para garantizar el cumplimiento de las rentas mínimas”, ha solicitado, antes de agradecer en última instancia el incremento de cuatro millones para los servicios públicos y la adecuación de los centros.

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