El grupo parlamentario de Ciudadanos ha reclamado al Ejecutivo autonómico que garantice el desarrollo y cumplimiento de la Ley de Ética e Integridad Pública, que entró en vigor hace más de cuatro años. "A pesar de lo establecido en la disposición final sexta de esta ley, todavía no se aprobado el reglamento de organización y funcionamiento y actuación de la Agencia de Integridad", ha expuesto la portavoz de Institucional de Cs Aragón, Beatriz García, durante la sesión plenaria de este viernes.
La diputada ha recordado que la Ley de Integridad y Ética Pública de Aragón afirma que la Agencia constituye uno de los instrumentos fundamentales para la promoción y garantía de la integridad y la ética públicas en la Comunidad. “Hasta la fecha, la Agencia de Integridad y Ética Públicas carece de los órganos directivos y del personal y medios materiales para su desarrollo”, ha añadido durante su interpelación a la consejera de Presidencia, Mayte Pérez.
Dependiente de la Agencia de Integridad y Ética Públicas, Aragón fue una de las primeras autonomías en dotarse de un instrumento como el registro de lobistas y lobbies, a través del cual se les imponen a los mismos -y a las autoridades y cargos con los que se relacionen- concretas exigencias de transparencia y el compromiso de cumplir con un código ético mínimo, estableciéndose las medidas aplicables para el caso de incumplimiento de tales obligaciones y del propio código de conducta.
“Si tenemos una ley sin desarrollar, nos quedamos cojos”, ha indicado García al insistir que la pretensión de la formación liberal es que el trabajo realizado "no quede en papel mojado". “Las leyes hay que instrumentarlas y reglamentarlas para poder aplicarlas porque, de lo contrario, estamos defraudando a nuestros ciudadanos al no poder cumplir”, ha indicado.
Por otro lado, la diputada liberal ha puesto el acento en la importancia de la regulación del Estatuto del denunciante, al que se otorga una protección efectiva, basada en la confidencialidad, para evitar que sufra perjuicios en su carrera profesional o en su vida personal como consecuencia de la formulación de denuncias fundadas. Asimismo, se conecta esta protección administrativa con el Estatuto de testigo protegido y con el papel que la Agencia de Integridad y Ética Públicas desempeña.
“En definitiva, todas estas previsiones que dotan a Aragón de los instrumentos fundamentales para la promoción y garantía de la integridad y la ética públicas en la Comunidad quedan entre lo legislado sobre el papel, como muestra palmariamente el hecho de que la puesta en marcha de las medidas contenidas en la Ley de Integridad y Ética Pública sigue como una de las mayores asignaturas pendientes”, ha concluido.
