Azcón y otros alcaldes del PP exigen a la FEMP una reunión urgente para afrontar la nulidad de la plusvalía

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, durante su intervención en la feria sobre drones más importante de Europa, que se ha inaugurado hoy en Madrid.

Los alcaldes y presidentes de Diputación del Partido Popular en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han exigido hoy que se convoque, con carácter de urgencia, una Junta de Gobierno extraordinaria y la celebración de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), ante las graves consecuencias que va a tener la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la plusvalía municipal.

En un escrito dirigido al secretario general de la FEMP, el vicepresidente y el portavoz del Grupo Popular, los alcaldes de Estepona y Zaragoza, respectivamente, José María García Urbano y Jorge Azcón, han reclamado que la Federación aborde con carácter inmediato la repercusión que va a tener la resolución del Alto Tribunal, debatida hoy en su Pleno.

Asimismo, el vicesecretario de Territorial del PP, Antonio González Terol, ha anunciado hoy en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados que pedirá la comparecencia del presidente Sánchez y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las Cortes para que den explicaciones sobre por qué no han sido capaces en la legislatura de abordar la reforma del impuesto de plusvalía, cuando el PP ya había dejado redactado un proyecto de ley que buscaba dar seguridad jurídica a las Entidades Locales, pero sobre todo, a los contribuyentes.

González Terol ha interpelado sobre esta cuestión a la secretaría de financiación autonómica y local preguntándole “si el Gobierno ha previsto alguna solución ante la nulidad de la plusvalía”. Así, ha remarcado que el Ejecutivo “acaba de destruir los presupuestos del conjunto de los más de 8.000 Ayuntamientos de España”, al tiempo que ha insistido en que “su dejadez en buscar una solución, hace imposible, tras la resolución del TC, que aprueben en tiempo y forma los presupuestos municipales”.

Para García Urbano y Azcón, la sentencia que supone de facto declarar la inconstitucionalidad del tributo “va a generar una enorme inseguridad jurídica y un serio problema a municipios y provincias para los que va a resultar prácticamente imposible poder aprobar sus cuentas”.

En este sentido, ambos alcaldes populares consideran que, una vez más, “son los Ayuntamientos “los paganos de la cerrazón y la desidia del Gobierno al no haber aprobado una normativa que regulara adecuadamente el gravamen”.

Según explican los populares, “esta sentencia es una piedra más en el camino que viene a sumarse a las tensiones de tesorería que vienen sufriendo Ayuntamientos y Diputaciones desde que comenzara la pandemia, debido al abandono absoluto al que les ha sometido el Gobierno de Sánchez, quien no ha destinado un solo euro de dinero público nuevo a aliviar los gastos extraordinarios que han tenido que asumir para seguir prestando a los vecinos los servicios públicos con todas las garantías.

Por este motivo, el Grupo Popular en la FEMP, encabezado por su vicepresidente y su portavoz, han urgido a que la institución que preside Abel Caballero “se posicione en relación a la sentencia para así cumplir con su deber de defender los intereses del conjunto de los Ayuntamientos de España”.

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