Detenido un empresario ganadero de Ejea por explotar a cinco trabajadores irregulares

El empresario les ofrecía trabajo a sabiendas de su situación de irregularidad

Agentes de la Policía Nacional han detenido de un hombre de 50 años, propietario y gerente de una empresa del sector ganadero, por tener a cinco trabajadores en situación irregular, sin contrato de trabajo, formación y con ausencia total de medidas de prevención de riesgos laborales y medidas antiCovid. Se le acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores y se le ha incoado un expediente sancionador por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) por sus incumplimientos en materia de extranjería, salario, jornada, vacaciones, horas extras, seguridad y salud laboral.

La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza, procedieron el pasado mes de septiembre a la inspección de una granja ganadera ubicada en la capital de la comarca de las Cinco Villas. Allí comprobaron que había cinco trabajadores en situación irregular en España, ejerciendo labores de manejo de máquinas, así como alimentación, medicación y cuidado de los animales, en condiciones que infringían sus derechos laborales básicos, sin contrato, sin formación, sin el descanso preceptivo y sin una adecuada prevención de riesgos laborales, ni medidas anticovid entre otras infracciones.

El empresario les ofrecía trabajo a sabiendas de su situación de irregularidad, teniendo los trabajadores extranjeros, carentes de recursos y con un gran desconocimiento de la legislación vigente, que aceptar por la situación de vulnerabilidad que sufrían en nuestro país.

De las diligencias policiales practicadas, así como de las manifestaciones de las cinco víctimas, se desprenden unas jornadas laborales de diez horas, con solamente 15 minutos de descanso, seis días a la semana, donde, sin recibir formación alguna, se encargaban de funciones tales como el manejo de máquinas, así como alimentación, medicación y cuidado de los animales.

En la realización de estas labores, afirmaron que nadie les facilitó equipos de protección individual, ni medidas de prevención anticovid como mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico…, teniendo que comprar cada trabajador el material con su propio dinero y estando los cinco sin haber recibido vacuna alguna del coronavirus.

Por sus condiciones de trabajo, carentes de prevención de riesgos laborales, dos de ellos sufrieron lesiones en los dedos de las manos, en concreto unos hongos a consecuencia de la manipulación de los químicos que echaban en la comida y a los medicamentos que administraban a los animales, teniendo que acudir a una farmacia para comprarse con su dinero unas cremas e iniciar un tratamiento. A otro trabajador se le cayó una lámina de la bodega de la granja, provocándole un gran corte en la mano izquierda, quedándole una cicatriz.

Ninguno de ellos acudió a ningún centro sanitario para ser valorado correctamente, ya que tenían miedo al estar ilegales en España y porque el empresario, al inicio de su relación, les insistió en que, si tenían algún accidente o contingencia laboral e iban a ser asistidos por facultativos sanitarios, no debían decir que trabajaban ilegalmente y omitir que se habían lesionado en el trabajo.

Uno de los trabajadores empezó hace quince días a trabajar, si bien los otros cuatro llevaban más de un año en la granja, no habiendo disfrutado alguno de ellos de ningún día de vacaciones o en un caso, solamente de diez días, afirmando haber solicitado un mayor permiso al empresario y recibiendo una negativa por respuesta.

La situación de necesidad de estos trabajadores les llevó a aceptar condiciones inferiores a las reconocidas legalmente, sin formalización de contrato laboral alguno, privándoles no sólo de las retribuciones establecidas por disposiciones legales y convenios colectivos, sino de futuras prestaciones sociales, sin pagas extras y recibiendo del empresario el dinero en metálico en un sobre a final de cada mes.

Todo lo actuado fue remitido al Juzgado de Instrucción competente de Ejea de los Caballeros, quedando el detenido en libertad tras prestar declaración, con la obligación de comparecer ante la Autoridad Judicial cuando fuera requerido.

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