Opinión

Educación financiera: la burbuja de las criptomonedas

Con motivo del día mundial de la Educación Financiera, este pasado 4 de octubre, han tenido lugar diversos actos, seminarios y ciclos de conferencias que van a tener continuidad a lo largo de todo el mes. Concretamente, Adicae Consumidores tiene una gran plataforma on line permanente relativa a Educación Financiera y Consumo https://formacion.adicae.net/

En este contexto he participado en el ciclo de Educación Financiera con una primera sesión por videoconferencia titulada “Mercados Financieros: Monedas digitales y criptomonedas. Desafíos de regulación y supervisión” que estará ya también disponible en dicha plataforma. La sesión, abierta a todos los públicos, ha sido seguida con gran interés en toda España por socios, consumidores, ahorradores e inversores, con un muy animado gran debate al final de mi intervención “Sobre el Papel de los consumidores en los mercados y la Educación Financiera. ¿Estamos ante el comienzo de un nuevo chiringuito financiero consentido”, que ha sido moderado por Víctor Cremades, prestigioso abogado representante de los Inversores en el Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Mi exposición ha tenido como base fundamental mi reciente libro de divulgación financiera, del que soy autor junto con el Dr. Javier Rivas Compains, “Fraude, codicia e ignorancia. Las burbujas financieras en los mercados”, disponible en versión papel y digital ebook: Fraude Codicia Ignorancia: Las burbujas financieras en los mercados, donde se analiza, a nivel histórico y financiero, la relación entre precio y valor y se considera razonadamente que con las criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y las miles que hay en general estamos ante una de las mayores burbujas especulativas de la Historia, con prácticamente nulos niveles de supervisión y protección del inversor, sin garantías jurídicas y financieras. Por otra parte, el atentando ambiental y contra la Economía Circular es de proporciones devastadoras, por no hablar de la falta de trazabilidad y la imposibilidad de seguimiento y “rastreo” policial y fiscal.