Matar animales intencionadamente se multará con hasta 600.000 euros en España

Los dueños de perros deberán hacer un curso, contratar un seguro y no dejarlos solos más de 24 horas. Foto: Lily Rosen/freeimages

El sacrificio no autorizado de animales, matar a un animal o causarle secuelas permanentes y graves de forma intencionada, y la eutanasia de animales con medios inadecuados o por personal no cualificado se considerarán infracciones muy graves que acarrearán una multa de 100.001 a 600.000 euros.

Así figura en el borrador del anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales, elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y que este miércoles inició su fase de consulta pública antes de que sea aprobado por el Consejo de Ministros y remitido al Parlamento.

El texto, recogido por Servimedia, incluye 89 artículos y 17 disposiciones (entre adicionales, transitorias, derogatorias y finales), y entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El deseo de la Dirección General de Derechos de los Animales es que eso ocurra el 1 de enero de 2023.

La norma excluye a los animales empleados en espectáculos taurinos y, en determinados casos, los utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluida la docencia. La finalidad de la ley es «alcanzar el máximo nivel de protección de los animales, fundamentalmente de aquellos de compañía y de los que se encuentran bajo la responsabilidad de las personas». Así pues, se centra en los animales que viven en el entorno humano, especialmente los de compañía, domésticos, domesticados o silvestres en cautividad.

La ley establece como infracción grave (con multa de 100.001 a 600.000 euros) matar a un animal o causarle secuelas permanentes graves «de forma intencionada», el sacrificio no autorizado de animales, la eutanasia de animales con medios inadecuados o por personal no cualificado, el adiestramiento y uso de animales para peleas y riñas con otros animales o personas, el uso de animales de compañía para consumo humano o de otros animales, la caza de gatos comunitarios y alimentar a los animales con vísceras, cadáveres y otros despojos procedentes de animales que no hayan superado los oportunos controles sanitarios.

Entre las infracciones graves (con multa de 30.001 a 100.000 euros) están matar o provocar al animal secuelas permanentes graves «de forma imprudente», no identificar al animal de compañía, el uso no autorizado de métodos agresivos o violentos en la educación del animal y la cría, el comercio y la venta de animales -salvo los peces- en tiendas o por criadores no autorizados, así como abandonar al animal, practicarle mutilaciones no autorizadas o utilizarle como recompensa, premio, rifa o promoción.

Propietarios de perros

Por otro lado, el anteproyecto de ley indica que los propietarios de perros estarán obligados a haber realizado previamente un curso de formación acreditado para su tenencia y suscribir un seguro de responsabilidad civil, y no podrán dejarlo sin supervisión más de 24 horas consecutivas (este caso se amplía a tres días para cualquier otro animal de compañía).

Además, el dueño de un animal debe comunicar a la autoridad competente la pérdida de su mascota en un plazo máximo de 48 horas porque lo contrario será considerado abandono.

La ley prohíbe el sacrificio de animales de compañía salvo por criterio y control veterinario, utilizarlos de forma ambulante como reclamo o ejercer la mendicidad valiéndose de ellos y mantenerlos “permanentemente” en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios o vehículos.

Tampoco se permitirá la cría realizada por personal no autorizado, la venta de animales de compañía en tiendas ni se permitirán los circos con animales salvajes (que deberán modificar su actividad en un máximo de seis meses), ni actividades como el tiro al pichón o las peleas de gallos.

Otras novedades

Las comunidades autónomas deben contar con al menos un centro de protección animal propio, así como los municipios de más de 5.000 habitantes, y los planes autonómicos de emergencias tienen que incluir instrucciones sobre cómo evacuar a los animales afectados.

El anteproyecto de ley obliga a esterilizar los animales que convivan en espacios abiertos con otros individuos de la misma especie y distinto sexo, y abre la puerta a que los animales de compañía puedan entrar en medios de transporte y en edificios públicos.

Otra novedad es que las entidades locales estarán obligadas a la “gestión ética de los gatos comunitarios” mediante programas de colonias felinas que fomentarán la colaboración ciudadana y la colaboración con asociaciones protectoras. Los ayuntamientos correrán con los gastos veterinarios y tendrán a su nombre los gatos esterilizados, que no pueden cazarse y las personas convivientes deberán respetar.

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