Los críticos del PAR piden ante la Justicia anular su Congreso por "irregularidades" en el censo

El último Congreso del PAR tuvo lugar hace más de seis años
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Las voces críticas dentro del Partido Aragonés contra su actual cúpula han dado un paso más al presentar sendas demandas por lo que consideran irregularidades en la organización del próximo Congreso del partido, previsto para el 23 y 24 de octubre. Entre sus quejas, figura la ampliación de más de 300 militantes en el censo que presentó la Comisión organizadora del Congreso hace apenas unos días, cuando debería haberse cerrado tres meses antes de su celebración. Así, piden a la justicia la anulación cautelar del Congreso mientras se investiga el asunto.

En las demandas, presentadas por los militantes Xavier de Pedro y Miguel Ángel Gorbe, los críticos recuerdan que este plazo de tres meses tiene como objetivo precisamente “evitar afiliaciones fraudulentas” antes de un proceso que decidirá el próximo líder del partido. Tras semanas de incertidumbre, el propio Arturo Aliaga confirmó este lunes su intención de repetir como candidato para seguir dirigiendo el PAR.

Según denuncian los militantes que han cursado esta demanda ante la justicia, esta infracción de la normativa del partido vulnera el derecho de asociación recogido en la Constitución Española. Así, los críticos piden, además de esta suspensión del Congreso, que se dicten los acuerdos necesarios para que se respeten la Ley Orgánica de Partidos Políticos y los Estatutos del Partido Aragonés.

Las demandas expresan que “cambiar el censo electoral no es conforme ni con los Estatutos, ni con el Reglamento de organización del Partido Aragonés”. “No es admisible retrasar deliberadamente el Congreso y pretender convocarlo de nuevo para cambiar las reglas previas democráticas”, señalan los militantes en el texto.

Es la Comisión Ejecutiva quien debe aprobar el censo de militantes e informar al Consejo Territorial

Los críticos señalan que “es irregular que las reclamaciones al censo electoral sean resueltas por la propia Comisión Organizadora del Congreso, que no es la competente para aprobar el censo de militantes según los Estatutos del Partido Aragonés”. Según su escrito, la normativa de la formación establece “claramente que es la Comisión Ejecutiva la que aprueba el censo de militantes, dando cuenta al Consejo Territorial, que aprobará el número total de compromisarios”.

“Lo más grave es que la Comisión Organizadora del Congreso ha modificado sustancialmente el censo de militantes del Congreso aprobado inicialmente por la Comisión Ejecutiva y del que se dio cuenta al Consejo Territorial de Partido el pasado 11 de septiembre”, advierte la demanda.

Los demandantes han recordado también que un cambio en el censo de 300 votantes, sobre una base de unos 1.400, supone un cambio de más de un 20% del total de votos. Una modificación que los críticos ven “muy significativa” y que altera “el reparto de compromisarios en beneficio de unas determinadas comarcas y en perjuicio del resto”. “Estos cambios son de tal calado que, en la provincia de Teruel, de 512 electores iniciales se pasa a 850, un aumento superior al 45%, y de forma proporcional, también en compromisarios”, recoge el escrito.

Alcaldes-militantes y pérdida de los distritos de Zaragoza

Otras novedades que presenta el Reglamento del próximo Congreso del Partido Aragonés frente a anteriores ediciones son los nuevos compromisarios “alcaldes militantes” o la desaparición de los distritos de la ciudad de Zaragoza para elegir compromisarios. Dos cambios que para los críticos, tal y como advierten en sus demandas, suponen un “grave incumplimiento de los Estatutos del Partido Aragonés”.

También denuncian cambios en los requisitos para la presentación de candidaturas, recordando que para el próximo Congreso se requiere un 20% de avales, algo que “no figura en los propios Estatutos”. Entre otras irregularidades, se señala también que “el voto de los compromisarios es delegable, y no es necesario que sea presencial, cuando el Reglamento del Partido exige que sea presencial”.

Las demandas recuerdan que se presentó ante el Defensor del Militante del Partido Aragonés una denuncia de las irregularidades que se estaban produciendo en el proceso del Congreso, con el fin de reconducir la situación antes de emprender acciones judiciales. A día de hoy, los demandantes han lamentado seguir sin respuesta ni la dirección del Partido Aragonés, ni contestación del Defensor del Militante.