La DGA presenta alegaciones en contra de la propuesta de reforma de la PAC del Ministerio

El Ejecutivo autonómico no apoya una propuesta que, asegura, mantiene el modelo de PAC vigente

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ha remitido formalmente al Ministerio del ramo un documento de alegaciones contra su modelo de PAC para 2023-2027. En concreto, el Ejecutivo autonómico no apoya una propuesta que, asegura, mantiene el modelo de PAC vigente y que, por ello, imposibilita la reforma en profundidad sin la cual resulta imposible ofrecer soluciones a la agricultura familiar y profesional de la que depende, a su vez y en gran medida, la economía y demografía del mundo rural más despoblado.

En particular, en este documento se señala que “no es aceptable” que las zonas con más limitaciones productivas, como son los sécanos áridos, sigan teniendo los pagos por hectárea más bajos. Tampoco lo es que la profesionalidad, que viene siendo una exigencia en la ayuda a los jóvenes que se incorporan, se vea penalizada en la aplicación de las ayudas, cuando deberían tener preferencia. “No es admisible que, por efecto de los derechos históricos, sigan cobrando más quienes no tienen ganado mientras quienes si lo tienen no cobran lo suficiente, sobre todo en el caso del ovino, ni que se cobre por lo que se hacía y ya no se hace”, argumentan desde el Gobierno de Aragón.

El Departamento considera que no es justificable establecer excepciones a las condiciones de agricultor activo, de modo que todos aquéllos que perciban menos de 5.000 euros al año (el 58% de los perceptores actuales de la PAC) no tengan ninguna condición que cumplir, y que ello obligue a darles acceso a la ayuda redistributiva. “El requisito del 25% de ingresos agrarios sobre totales equivale a un porcentaje sobre la renta del solicitante mucho menor (la renta es muy inferior al ingreso bruto, y se permite incluir como ingreso agrario las ayudas), con lo que los agricultores pluriactivos cumplirían con este requisito. No puede considerarse pluriactivo a quien ejerce una actividad agraria no significativa en relación con el resto de actividades”, defienden.

En las alegaciones presentadas se expresa la idea de que la necesidad del apoyo a la renta y redistribución de la ayuda directa en favor de los profesionales en el marco del modelo familiar, cobra mayor relevancia si cabe con los nuevos ecoesquemas que, si bien esta administración los apoya en sus objetivos ambientales, supondrían un coste adicional para los agricultores que resulta imperativo compensar con un sistema de apoyo a las rentas más justo y eficaz. “Puesto que la actual conformación de las regiones del régimen de pago básico, así como la propuesta para el periodo 2023-2027, tienen su base en los importes por hectárea que derivan de la reforma de la PAC de 1992, unas condiciones que ni se mantienen ni se corresponden con los retos actuales y que tan solo generan desequilibrios y agravios sociales y territoriales, injustos e injustificables”, han expuesto.

Posición aragonesa

En coherencia con la posición común acordada desde Aragón e insistiendo en lo ya formulado de forma reiterada durante estos años, en el documento enviado se propone al Ministerio eliminar el sistema de derechos individuales y de referencias históricas como requisito imprescindible para lograr una de distribución de la ayuda más justa y eficaz, avanzar en el propósito de simplificación administrativa, evitar la especulación, garantizar el acceso de los jóvenes y mujeres a la ayuda y corregir las anomalías y agravios sociales y territoriales de los que adolece el sistema vigente.

Por otra parte, también busca definir agricultor activo en función de su inclusión en la seguridad social agraria o de que sus ingresos agrarios representen al menos el 25% de sus ingresos totales, eliminando la posibilidad de ser beneficiario de la PAC por percibir menos de 5.000 € de la misma. Además, Aragón quiere reducir el número de regiones propuesto (20) con el propósito de minimizar las diferencias en los pagos por hectárea relativos a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad y a la ayuda redistributiva, entendiendo que las zonas menos productivas son las que necesitan más apoyo.

En la misma línea, el documento enviado por el departamento que dirige Joaquín Olona pretende aplicar la ayuda redistributiva en favor de quienes acrediten unos ingresos agrarios significativos en relación con sus ingresos totales, así como adoptar una convergencia del 100% de los valores medios regionales que finalmente se adopten para los pagos por hectárea de las ayudas directas desacopladas de modo que desaparezcan las diferencias en los importes unitarios que perciben los beneficiarios que desarrollan la misma actividad.

Finalmente, la propuesta también quiere reforzar la concentración de las ayudas asociadas en la ganadería extensiva, particularmente en el sector ovino de carne con pastoreo dirigido, garantizando a su vez que sean los ganaderos de este sistema productivo quienes sean los beneficiarios directos de alguno de los ecoesquemas que finalmente se adopten, además de asegurar que el importe total de ayudas necesarias aplicadas a las explotaciones de ovino extensivo de carne alcance los 55,31 euros/oveja.

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