El Congreso da luz verde a la tramitación de la ley de salud mental impulsada por Podemos

La iniciativa propone aumentar la ratio de profesionales de salud mental en el Sistema Nacional de Salud

El Congreso de los Diputados aprobó este martes -con 194 votos a favor, 10 en contra y 141 abstenciones- la toma en consideración de la Proposición de Ley General de Salud Mental impulsada por Unidas Podemos.

Entre otras cuestiones, la iniciativa propone aumentar la ratio de profesionales de salud mental en el Sistema Nacional de Salud hasta un mínimo de 18 psiquiatras, 18 psicólogos clínicos y 23 enfermeros especialistas por cada 100.000 habitantes, que se alcanzarán “progresivamente” en el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la ley.

Además, propugna una Estrategia Española de Salud Mental con una duración quinquenal, así como la creación de un Centro Estatal de Salud Mental, al que corresponderá el asesoramiento técnico y la evaluación de las actuaciones públicas en esta materia, y de un Consejo de Participación de Salud Mental, del que formarán parte diferentes colectivos y sociedades profesionales, además de las asociaciones representativas en este ámbito.

En paralelo, el texto insta a la eliminación de la contención mecánica y otras formas de coerción, farmacológicas o de otro tipo. Recoge también la figura de la Defensoría de la persona con problemas de salud mental, que creará cada comunidad y será la encargada de velar por la garantía de los derechos humanos de estas personas, entre otras funciones.

“Especialmente amparadas»

Entre los colectivos especialmente protegidos por esta norma, destacan el de personas con un problema de salud mental y que tengan reconocida alguna discapacidad, quienes tendrán derecho a ser “oídas y respetadas” respecto de las decisiones que les incumban, con los “apoyos” precisos. Estarán “especialmente amparadas” en el ejercicio de sus derechos y no podrán ser discriminadas.

Asimismo, aboga por la elaboración, por parte del Ministerio de Sanidad, de un protocolo de prevención del suicidio y por la creación de un registro de datos estatal para evaluar y valorar la epidemiología del suicidio. En relación con las personas con problemas de salud mental derivados de la pandemia, propugna la elaboración de programas “específicos” para identificar patologías en salud mental derivadas de la crisis, así como la promoción de estudios de investigación respecto a los síntomas, favoreciendo, además, una atención “integral”, entre otras acciones.

En su defensa de la iniciativa, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, aseguró que la mejora de la atención a la salud mental es una “cuestión de Estado”. Para justificar su aseveración, hizo referencia a datos “tan terribles” como que en 2018 más de 3.500 personas se suicidaron en España, siendo esta la primera causa de muerte no natural en el país, y hubo un número “20 veces mayor” de intentos.

A este respecto, Echenique se mostró “seguro” de que “muchos casos permanecen aún ocultos” y de que estos datos, “lamentablemente, han aumentado significativamente” con la pandemia, consciente de que detrás de estos “números que parecen fríos” hay “una enorme cantidad de dolor humano”.

Fijación de posiciones

Por su parte, la diputada del PSOE Carmen Andrés destacó la “doble exclusión” que sufren las mujeres con una enfermedad mental. “Manipuladas, usadas, abusadas desde su condición de mujer y de loca”, prosiguió la diputada socialista, al tiempo que admitió que “locas, en sentido peyorativo, se nos ha llamado a las mujeres que nos empeñamos en exigir nuestros derechos, ser autónomas o abrirnos paso en facetas que la sociedad considera del mundo masculino”.

Por el PP, la diputada Rosa María Romero mostró su respaldo a la propuesta de Podemos, si bien anunció que en su partido estarán “vigilantes” en torno al cumplimiento de sus “compromisos” y la consideró “pobre y alejada por completo de la ciencia y de la evidencia científica”. Además, recordó que los centros de salud, “fundamentales en la detección temprana de los problemas de salud mental”, se encuentran “totalmente desbordados”.

En nombre de Vox, Juan Luis Steegmann aseveró que el proyecto de Unidas Podemos “introduce una visión perniciosa de los problemas de salud mental”, y, además, “rezuma una posición negativa hacia el tratamiento farmacológico”.

Asimismo, Guillermo Díaz, de Ciudadanos, también mostró su apoyo a la toma en consideración del texto, admitiendo que, “en su espíritu y en muchas de las materias esenciales que trata, es acertada” y tiene “una buena intención”.

El PNV critica a Podemos

Por su parte, Josune Gorospe (PNV) juzgó “criticable” que Podemos “parece que está haciendo una enmienda de totalidad al proceder del Gobierno en esta materia” y descartó que la ley “sea la vía” para “abordar este debate” en relación a un asunto que genera “mucho dolor y sufrimiento, además de estigma».

Asimismo, Francesc Xavier Eritja, de ERC, urgió a “reforzar las patas” del sistema sanitario, en referencia a la atención primaria, la sociosanitaria y la salud mental, al tiempo que reclamó impulsar la integración social y laboral de estas personas, el apoyo a familiares y cuidadores y la coordinación de todos los niveles asistenciales marcando como “líneas rojas” respetar el marco competencial y mejorar la financiación.

A su vez, Iñaki Ruiz de Pinedo, de Bildu, advirtió de que “no es casualidad” el aumento de las enfermedades mentales en el actual contexto y de que el “miedo a ser pobre, excluido y diferente” es “uno de los mayores estresantes en estos momentos y está creando un gran aumento de padecimientos”.

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