La pandemia ha evidenciado y dejado en segundo plano diferentes problemas sociales entre los que se encuentra la adicción al juego presencial y online. En los últimos meses, el porcentaje de personas con edades comprendidas entre los 15 y los 64 años que apuestan ha pasado del 60% al 64%, mientras que el porcentaje de menores ha aumentado del 16,1% al 25%. La urgencia pasa por establecer labores de prevención y protección sobre los colectivos más vulnerables, priorizar la salud de la juventud y adelantarse a los posibles problemas derivados de este tipo de actividad. Por estas razones, el Parlamento autonómico ha aprobado en el Pleno de este jueves el proyecto para modificar la Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de Aragón, un texto que será tramitado al contar con el voto favorable de todas las formaciones.
Entre las medidas más relevantes, destacan la prohibición de abrir instalaciones a menos de 300 metros a pie de colegios y centros educativos, la obligación de que los locales cuenten con un registro de acceso de visitantes en la puerta de entrada o la eliminación de cualquier estímulo lumínico, visual o sonoro de las máquinas tragaperras en los locales hosteleros. Asimismo, se prohibirán los bonos para jugar gratis y los reclamos para ofrecer soluciones a problemas afectivos o económicos, además de los patrocinios con el nombre de un juego o con el nombre de una empresa del sector.
La consejera de Presidencia de la DGA, Mayte Pérez, ha remarcado que la ley ha sido sometida a un exhaustivo proceso participativo, incluyendo dos talleres de participación ciudadana. “Hasta 71 enmiendas han sido admitidas, lo que representa más de un 40%. Esto demuestra nuestra obligación y compromiso para contribuir a que el sector del juego en Aragón pueda desarrollarse en libertad, pero sin peligro de crear adicciones”, ha expuesto.
Los diferentes grupos parlamentarios han agradecido dicha modificación legislativa y han mostrado su acuerdo respecto a la misma, pero han hecho hincapié en que tan solo tiene efecto sobre el juego presencial. “La modalidad online se impone a la presencial, sobre todo entre los jóvenes, algo que se acentuó todavía más con el confinamiento”, ha señalado el diputado de Vox, David Arranz. En este sentido, Beatriz García, en representación de Ciudadanos, ha recordado que el juego se trata de una actividad legal, por lo que la ley aragonesa “debe complementarse con textos para poder acomodarse a la legislación estatal”. Además, ha resaltado la importancia de establecer medidas para el tratamiento de la ludopatía.
Por su parte, el popular José Antonio Lagüéns ha destacado que esta actividad mueve alrededor de 2.500 empleos directos y recauda una media de 35 millones de euros anuales en la Comunidad. Por este motivo, propone trabajar en el marco de mejora del entorno de un juego seguro y responsable. “Este proyecto de ley tiene margen de mejora. El juego presencial privado genera grandes aportaciones para el sector privado. Queda mucho trabajo por hacer”, ha expresado.
AESA muestra preocupación por el proyecto de ley
Tras el debate parlamentario, la Asociación de Empresarios de Salones de Juego de Aragón (AESA) ha sentido especial preocupación por la aprobación de este proyecto. Recuerda que se trata de una modificación “innecesaria e ineficaz” para los colectivos a los que quiere proteger. “El proyecto de ley, tal y como está formulado, coarta la libertad de unas empresas que ejercen una actividad perfectamente legal. Además, se refiere únicamente al juego privado presencial y deja fuera a todo el juego público y online”, denuncia el presidente de la asociación, José Antonio Rubio.
AESA no se opone al establecimiento de un marco estable y consensuado en el que poder desarrollar su actividad, pero considera de suma importancia actuar sobre algunos aspectos concretos, tales como la publicidad y fidelización de clientes, el control y acceso remoto de la Administración en tiempo real a las máquinas de juego instaladas en los locales de juego, o el control de acceso por parte de empleados situados a la entrada del local. “Venimos reclamando una regulación estable desde hace años, pero solicitamos que se escuchen nuestras propuestas fruto de nuestra especialización en una actividad compleja y con un peso importante en la creación de riqueza y empleo”, ha pedido Rubio.
