CCOO insiste en legislar la obligatoriedad de la vacuna para los trabajadores de las residencias

El número de dependientes atendidos por la DGA supone más del doble del que había en 2015, cuando se alcanzaron los 16.814 atendidos

Comisiones Obreras de Aragón apuesta por la vacunación de los trabajadores de las residencias, pero ha denunciado que no pueden ser llevados mediante medidas coercitivas hasta la inmunización contra la Covid-19. Así, han recordado que existen mecanismos legales para eliminar la voluntariedad de la vacuna y hacerla de carácter obligatorio en aquellos sectores en los que se considere necesario.

“Compete dicha facultad al Gobierno, que es quien cuenta con los instrumentos legales para fijar la obligatoriedad”, ha señalado la secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO, Delia Lizana, este martes. Además, ha criticado que “no se pueden hacer estas chapuzas de disposiciones limitando derechos fundamentales de los trabajadores, entendiendo que existe una norma de rango superior que se puede adoptar y que países vecinos lo han hecho”.

Por su parte, la responsable de sectores privados y de dependencia de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, Maria Soriana, ha destacado que confían en las vacunas y las recomiendan entre el personal sanitario y sociosanitario. Sin embargo, “mientras la vacunación no sea obligatoria, consideramos inadecuado que se esté haciendo uso de este tipo de mecanismos coercitivos que contravienen la normativa constitucional, laboral y en prevención de riesgos laborales”, ha sentenciado.

En esta línea, el sindicato ha criticado las órdenes emitidas por el Gobierno de Aragón que afectan a las relaciones laborales de los trabajadores del sector de la dependencia y ahora están a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón decida en los próximos días cómo se va a dirimir la orden que recurrieron o si sigue adelante; aunque por el momento no ponen objeción a las medidas cautelares que se les han concedido.

Vulneración de derechos fundamentales

El TSJA admitió el recurso a trámite por vulneración de tres derechos fundamentales vigentes en la Constitución Española. El primero de ellos es el que prohíbe la existencia de cualquier tipo de discriminación por las circunstancias sociales o personales de las personas. “No cabe solo pensar en aquellos que por decisión propia han decidido no vacunarse, sino también existe trato discriminatorio entre aquellos que, por las circunstancias ajenas, como por ejemplo el calendario de vacunación, deben pasar por la obligación de realizar pruebas diagnósticas cada 72 horas frente a aquellos trabajadores que, bien por la edad, por embarazo o bien por haber pasado un periodo de contagio con anterioridad, se encuentran exentos de realizar dichas pruebas”, ha explicado Lizana. Además, la orden “también castigaba” a los trabajadores no vacunados por decisión propia a asumir los costes de la prueba diagnóstica.

El segundo derecho fundamental que vulnera dicha disposición es el derecho a la intimidad; “la resolución objeto del recurso pretende que las empresas puedan utilizar la información privada del trabajador”, ha apuntado la secretaria general.

Por último, es una medida que no ha permitido la acción sindical mediante el diálogo social que pudieran realizar los delegados de prevención, comités de seguridad y salud laboral o el comité central conforme a las normas establecidas en la ley de prevención de riesgos laborales, tal y como han recordado desde CCOO.

Por todo esto “presentamos el recurso y solicitamos las medidas cautelares”, ha recordado Delia Lizana. Así pues, “aconsejamos la vacunación de los trabajadores del sector, pero entendemos que cuando se legisla se debe hacer respetando los principios constitucionales y derechos como los que venimos a denunciar”.

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