El PP exige a la DGA la vacunación de “todo el personal” de residencias para mayores

Broto ha confirmado que todos los casos han sido leves
Los usuarios de residencias fueron los primeros en los que se procedió a la inoculación de las dosis

La vacunación de los trabajadores en las residencias está causando un revuelo generalizado. Actualmente, hay unos 800 profesionales que rechazan inocularse las respectivas dosis contra la Covid. Los brotes activos en el ámbito residencial han ido aumentando a lo largo del último mes y medio, y a fecha 19 de agosto ya son 52, con un total de 485 infectados, 300 de ellos personas mayores. “Ya hay gente mayor que se está reinfectando. El Gobierno de Aragón solo transmite recomendaciones, pero debería imponer la vacunación en estos trabajadores como están haciendo otros países”, ha expuesto la portavoz de Ciudadanía del PP en las Cortes, Marian Orós.

A juicio de los populares, “podemos certificar que durante este mes y medio hemos vivido una falsa desescalada”. De hecho, el pasado 1 de julio tan solo había dos brotes activos en las residencias, razón por la que “el Ejecutivo autonómico ha vuelto a ir por detrás de los acontecimientos, con medidas tardías e insuficientes con los mayores”. A pesar de que la vacuna está demostrando ser el verdadero freno de fallecimientos y hospitalizaciones, Orós recuerda que “no es esterilizante” y no asegura “una inmunidad completa”.

Ante aquellos profesionales que no quieren vacunarse, desde el Gobierno aragonés se ha propuesto la realización de pruebas PCR cada 72 horas con cargo a la empresa o a los mismos trabajadores, cuestión que ha desencadenado en un conflicto trasladado hasta el TSJA. “Creemos que la DGA debe tener mayor compromiso con las necesidades e ir más allá de las meras recomendaciones”, ha manifestado la portavoz en materia ciudadana. Además, cree que los familiares y visitantes “también tendrían que presentar certificado de vacunación”.

Puntualizando que los usuarios de residencias fueron los primeros en los que se procedió a la inoculación de las dosis durante enero, febrero y marzo, el paso del tiempo conlleva una pérdida paulatina de inmunidad. Por este motivo, “habría que identificar en qué casos se produce escape vacunal y realizar test serológicos, que servirían para saber el grado de inmunidad seis meses después”. En lo relativo a la planificación de la futura tercera dosis, “en la que se debe priorizar precisamente a los mayores”, desde el PP confían en que el Gobierno de Aragón esté preparado en el momento en que Sanidad dé el visto bueno.

Certificado de vacunación para el personal contratado 

“Aragón debe buscar fórmula jurídica adecuada para poder imponer una serie de acciones”, ha expresado Orós comparando la situación de España con la de otras naciones. “Lambán debería reclamar ya al Gobierno de España que el personal contratado en residencias presente un certificado de vacunación, al igual que los familiares que visitan a los usuarios”, ha solicitado.

En otros términos, la popular ha aprovechado su comparecencia para reseñar dos medidas que llevan pidiendo desde hace más de un año al Gobierno autonómico. Por un lado, pretenden que el Ejecutivo “desarrolle y reoriente un protocolo de actuación de reparto de residencias entre los diferentes centros de salud para evitar la saturación”. Y también precisan el refuerzo de la red residencial aragonesa, “tal y como el presidente Javier Lambán comentó que potenciaría”. No obstante, el PP recuerda que el líder aragonés “prometió sacar adelante unas ayudas por valor de tres millones de euros destinadas a fortalecer dicha red, pero ni están ni se esperan”.

En última instancia, la portavoz de Ciudadanía del PP ha enunciado que “no podemos permitirnos una séptima ola sin que Aragón haya puesto sobre la mesa medidas para contener y minimizar los contagios en residencias”. Para evitar que esta situación pueda darse, reclaman tanto al Ejecutivo autonómico como al PSOE que, “en lugar de criticar al PP y de contar de nuevo las medidas actuales, pongan sobre la mesa medidas que pretenden impulsar”. “La salud y la seguridad de nuestros mayores tienen prioridad absoluta”, ha concluido.

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Broto ha confirmado que todos los casos han sido leves