La Ley de Simplificación Administrativa de Aragón continúa dando pasos para su aprobación definitiva. Este jueves, el Ejecutivo autonómico ha tomado cuenta del Anteproyecto de Ley de Aplicación y Desarrollo de esta nueva norma, con la que se esperan reducir los trámites burocráticos para la llegada de inversiones y empresas derogando más de 92 normas actualmente activas.
El anteproyecto aborda así las reformas legales necesarias para sustituir las autorizaciones o licencias previas que ahora son obligatorias por declaraciones responsables del inversor, más ágiles. También se plantea la sustitución del silencio administrativo negativo por el positivo. Así, los afectados podrán entender como favorable el silencio de las instituciones si no se les comunica lo contrario.
Los plazos de este silencio administrativo, en algunos casos “excesivos” según la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, para presentar el anteproyecto, también serán revisados en el documento. Una revisión que se extenderá también a los plazos de emisión de informes y dictámenes. La aportación inicial de la documentación por parte de los solicitantes se sustituirá también por una declaración responsable.
“Es una labor de depuración del propio ordenamiento jurídico”, ha definido Mayte Pérez, quien ha parafraseado al presidente Lambán al afirmar que Aragón “no necesita más leyes, sino mejores leyes”. En ese sentido, la consejera ha defendido que el nuevo anteproyecto busca “simplificar la relación entre el administrado y la Administración, pero garantizando la seguridad jurídica”.
La consejera ha explicado que esta nueva legislación “no tiene colores políticos”, sino que es una demanda compartida por todas las fuerzas políticas y agentes sociales surgida de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación. Así, y aunque no hay todavía plazos, Pérez se ha mostrado confiada en lograr un amplio consenso y completar los trámites parlamentarios en el menor tiempo posible.