El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este miércoles el convenio de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Gobierno de Aragón para la ejecución de proyectos vinculados a los servicios sociales y con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia. Este convenio supone la llegada a Aragón de un total de 85.344.687,8 euros para este fin, repartidos en tres ejercicios: 2021, 2022 y 2023.
Esta partida fue aprobada en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del pasado 30 de abril, en el que se fijó la distribución de los créditos para la financiación de proyectos de inversión en el marco del eje 22 del citado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión.
En total, se ha dotado al presupuesto de gastos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de una cantidad de 910,30 millones de euros para el citado eje. De éstos, corresponden a Aragón 85.344.687,8 euros repartidos en tres ejercicios: 23. 707.570, 29 euros para 2021; 29.196.545,14 para 2022, y 32.440.572,37 para 2023.
El dinero correspondiente al presente ejercicio en Aragón se destinará a, entre otras cosas, subvenciones por valor de 6,2 millones de euros para crear, modernizar o reformar centros de mayores y de menores (autorizadas ya en Consejo de Gobierno); una inversión de 2,55 millones de euros para mejorar y modernizar la red de centros públicos de la Comunidad y otra de 2,4 millones de euros para desarrollar la teleasistencia avanzada, encaminada a potenciar que las personas mayores puedan permanecer el mayor tiempo posible en su entorno y vivir de forma autónoma con los cuidados y atenciones necesarios.
El resto de proyectos que se desarrollarán en 2021, gracias a los 23,7 millones de euros procedentes del Plan de Resiliencia, estarán enfocados a modernizar los servicios sociales para mejorar la calidad del servicio y poner a las personas en el centro del mismo, mejorando las prestaciones que reciben y adatándolas a las nuevas realidades. Igualmente, se contempla una partida destinada a equipamientos que faciliten la transición a la vida independiente de personas con discapacidad.
