Las residencias concertadas exigen una mayor dotación económica para prestar sus servicios

Se trata de la primera reunión presencial después de la pandemia provocada por la Covid-19

Representantes de todas las Comunidades Autónomas del país, integrantes del Circulo Empresarial de la Atención a las Personas (CEAPs), se han reunido en Zaragoza para analizar las diferentes realidades que viven los ciudadanos dependientes en función de su lugar de residencia. Todo persiguiendo un único objetivo: elaborar un documento conjunto que unifique los criterios del sector residencial y que estipule las líneas rojas que no deben traspasarse para garantizar la atención de calidad en las residencias de ancianos.

Una reunión presencial, por primera vez tras la pandemia, en la que los diferentes representantes regionales han aprovechado para trazar un plan que siente los criterios básicos de acceso y atención a los servicios que prestan las residencias de mayores, y, a su vez, imponga una cuantía mínima con la que la Administración debe dotar a las plazas concertadas para subsanar los gastos derivados del servicio.

Ante esta realidad, la presidenta del CEAPs, Cinta Pascual, ha expresado su descontento por la disparidad a la que este sector se encuentra expuesto en función a la Comunidad Autónoma donde presta su servicio residencial: “Hay 19 leyes y 76 indicadores de precios diferentes , lo que provoca que la financiación del estado de cara a una plaza concertada oscila de los 40 a los 90 euros; o lo que es lo mismo, que una plaza cueste entre 1.450 y 2.900 euros”, lamenta Pascual. Como consecuencia, esto “impide garantizar que los usuarios tengan los mismos servicios y la misma calidad de la atención”, y obliga a las residencias concertadas a suplir las carencias económicas con plazas totalmente privadas.

Asimismo, Pascual ha puntualizado que estas diferencias no se dan únicamente entre Comunidades -País Vasco, Navarra, Madrid o Cataluña son las que dotan de mayor cuantía a las plazas concertadas, mientras que Aragón, Extremadura, Galicia o Andalucía estipulan los precios más bajos de ayuda-; también al comparar España con el resto de países: “Con una inversión del PIB del 0,58%, cuando en los países de nuestro alrededor llegan al 2%, es imposible continuar”, ha sentenciado.

Por otra parte, la presidenta del CEAPs ha criticado que el proceso de reconocimiento y obtención de los derechos de Dependencia, con su consiguiente prestación económica, se prolonga una media de 430 días. “Aquellas personas en el limbo que no pueden esperar a que se les asigne el servicio y deben buscarlo de manera privada, además de asumir el pago integro sin la ayuda pública a la que tienen derecho, han de pagar un 6% más de IVA porque la ley establece tipos diferentes según quién pague el servicio”, ha puntualizado.

Por todo ello, desde CEAPs denuncian este “inmovilismo institucional” y exigen soluciones que garanticen ratios globales de profesionales; que los gobiernos autonómicos concierten plazas, a la vez que exigen indicadores de resultados a las residencias; y que se estipule un precio justo. “Si no hay suficientes plazas públicas, que son las que solicitan la mayoría de los dependientes, hay que dotarles de prestaciones para que puedan acceder a las concertadas, y nosotros podamos prestar el servicio”, ha concluido su presidenta.

Un informe a las puertas de ver la luz 

El Círculo Empresarial de la Atención a las Personas (CEAPs), la mayor asociación de atención a la dependencia de España, está elaborando un informe con el que pretende estipular cuál es el coste real de ofrecer un servicio de asistencia residencial para mayores y dependientes. Para ello, y con la reunión de este miércoles, ha comenzado a recopilar y analizar los datos pormenorizados de todas las regiones.

Un informe que, una vez elaborado, “llegará a todas las mesas con competencia en esta materia” y que pretende ser el “punto de partida para encontrar el camino que lleve a la igualdad de derechos en todo el territorio nacional”.

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