Casi mil internos en prisiones aragonesas reciben asesoramiento financiado por el Gobierno de Aragón

Las cuestiones planteadas con más frecuencia por los internos apuntan al acceso a los distintos beneficios penitenciarios

El Servicio de Orientación Penitenciaria (SOP) que financia el Gobierno de Aragón atendió las consultas jurídicas de 988 internos que, bien en situación de preventivos o cumpliendo condena, se encuentran distribuidos entre los tres establecimientos penitenciarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Este asesoramiento a los internos en los centros penitenciarios aragoneses se concreta en proporcionar un primer consejo orientador a la persona interna, de carácter gratuito, sobre cuestiones de naturaleza jurídica que se planteen durante el periodo de estancia en prisión. Entre otros campos, este servicio de consultas incluye el contenido del ordenamiento jurídico penitenciario español, los órdenes jurisdiccionales, la justicia gratuita o, en el caso de extranjeros, tramitar el posible traslado a otro país.

Otro de los objetivos es proporcionar información sobre la posibilidad de recurrir a sistemas alternativos de resolución de conflictos, con el fin de evitar el litigio procesal.

El asesoramiento legal a los internos se lleva a cabo a través de un convenio entre el Gobierno de Aragón y el Consejo de Abogados de Aragón. A lo largo de 2020 participaron en estas tareas de asesoramiento 62 abogados y abogadas en la provincia de Zaragoza mientras que en Teruel este servicio fue prestado por cinco profesionales de la Abogacía.

La ejecución del convenio supone un coste para las arcas autonómicas de algo más de 186.000 euros, repartidos en los cuatro ejercicios en que estará vigente el acuerdo, a razón de 46.537 euros anuales, hasta la anualidad de 2023 incluida.

Las cuestiones planteadas con más frecuencia por los internos apuntan al acceso a los distintos beneficios penitenciarios (permisos, tercer grado o libertad condicional); relaciones con los abogados, sobre todo en relación con el turno de oficio; y acceso a la Justicia Gratuita por cuestiones extrapenitenciarias como temas matrimoniales, custodia y tutela de hijos menores o sucesiones).

“Es de destacar –indicó la directora general de Justicia, María Ángeles Júlvez- que a pesar de la pandemia, lo que motivó que en algunos momentos el servicio tuviera que suspenderse, se buscaron medidas alternativas para el asesoramiento. De hecho, lo único que no hemos podido organizar son charlas divulgativas en el interior de las prisiones”.

A pesar de la pandemia, el número de internos que han recibido asesoramiento mantuvo una línea regular a lo largo del año: 307 en el primer trimestre, 178 en el segundo, 276 en el tercero y 227 en el cuarto. En total, los abogados participantes sumaron casi 700 horas de asesoramiento.

A lo largo del año se llevaron a cabo también distintas actividades formativas para los abogados inscritos en este servicio sobre el derecho de trabajo de los presos, las variables de riesgo en la concesión de permisos de salida y sobre el abono de responsabilidad civil como requisito para la obtención de beneficios penitenciarios.

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