Los trabajadores de FerroAtlántica han aceptado finalmente el preacuerdo entre la empresa y el Comité sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que supondrá la salida de 42 empleados y la recolocación de otros doce. Pese a que, en un principio, este ajuste fue rechazado por el 58% de la plantilla, los responsables del grupo ofrecieron al personal las explicaciones pertinentes y una amplia mayoría ratificó el acuerdo.
El principal motivo al que aludieron los trabajadores para votar en contra del ERE era la incertidumbre respecto a la situación de la factoría de Monzón. Sin embargo, una serie de reuniones celebradas la semana pasada entre la empresa y el Comité han permitido desencallar esta negociación, que se ha prorrogado durante más de dos meses de conversaciones, jornadas de huelgas y concentraciones incluso en Madrid.
Ahora, ambas partes trabajan para dejar sin efecto el ERE inicial, que iba a suponer la salida de 63 trabajadores y que, al no haber acuerdo, iba a comenzar a aplicarse este mismo viernes. Durante las próximas horas, sindicatos y empresa van a retomar las negociaciones para cumplir este trámite legal y llevar a cabo el ajuste laboral aprobado por la plantilla.
Este preacuerdo se alcanzó el pasado 12 de mayo tras dos jornadas maratonianas de negociaciones. El Comité de Empresa aceptaba los 42 despidos, que se dividían entre la salida de once trabajadores con contrato fijo y discontinuo y 31 indefinidos, y doce recolocaciones en las plantas de Galicia, Cantabria y Madrid, a cambio de la puesta en marcha de un plan industrial que garantice la viabilidad de esta fábrica de Monzón. Con ello, Ferroatlántica destinará 595.000 y 625.000 euros en 2021 y 2022.
Igualmente, la compañía ha propuesto otra inversión de tres millones de euros en una planta para fabricar pasta Soderberg que abastecería al grupo de unas 12.000 toneladas y que podría crear nueve empleos de producción y dos de mantenimiento. No obstante, esta inversión estaría condicionada a recibir por parte del Gobierno las subvenciones necesarias y podría estar operativa en un plazo de tres años máximo.
