Los salones ven peligrar más de 2.000 empleos con la nueva Ley del Juego de Aragón

AESA ha querido recordar además que los negocios hosteleros podrían verse muy afectados por la modificación

El anuncio de la posible aprobación en las Cortes del anteproyecto de modificación de la actual Ley del Juego de Aragón no ha sido bien acogido por la Asociación de Empresarios de Salones de Juego de Aragón (AESA) porque considera que “no protege a los propios empresarios”. Esto podría conllevar que más de 2.000 trabajadores pierdan su puesto de trabajo, además del cierre de 30 establecimientos y consecuencias económicas en actividades relacionadas con el juego presencial, como la hostelería.

Por otro lado, “la actual modificación resulta innecesaria -no introduce ningún cambio que no se pudiera haber hecho mediante decreto-, injusta -coarta la libertad de unas empresas que ejercen una actividad legal a las que ni siquiera permite publicitarse o comunicarse comercialmente con sus clientes- e ineficaz para los colectivos a los que pretende proteger”, ha señalado el presidente de AESA, José Antonio Rubio. Asimismo, ha incidido en que, de cada 100 euros de venta en los salones de juego, se destinan 41 a financiar a las diferentes administraciones sin que dichas cantidades “retornen para fomentar el juego responsable y poder detectar usos problemáticos”.

Accesos y menores de edad 

La nueva Ley habla también de la necesidad de aumentar el control de acceso con un responsable en la puerta. “Esto implicaría contratar a tres personas más para cubrir el horario de apertura, lo que significa duplicar la plantilla. Nosotros proponemos hacerlo a través de datos biométricos, ya sea huella digital o reconocimiento facial”, explica Rubio. Por otra parte, desde AESA ven “innecesario” el punto legislativo que incluye la prohibición de abrir o ampliar los locales de juego a 300 metros de las áreas de influencia de centros escolares y otros lugares de afluencia juvenil. “Un radio de 300 metros abarca mucho espacio en la propia ciudad y un negocio comercial en el extrarradio no sería viable. Es rotundamente falso que entren menores a nuestros salones porque siempre se pide el DNI”, ha matizado.

Otra de las medidas que ha generado controversia es la monitorización, control y acceso remoto en tiempo real a las máquinas de juego instaladas en los salones por parte de la DGA. “Este control requeriría inversiones de hasta 200.000 euros por salón, algo inasumible para la mayor parte de los empresarios”, ha expuesto el vicepresidente de AESA, Jesús Tremosa. A día de hoy, el 50% de las máquinas ya han sido sustituidas por otras más modernas adaptadas al control remoto, pero “reemplazar el 100% de una vez resulta inviable económicamente”.

Impacto en el sector hostelero 

AESA ha querido recordar además que los negocios hosteleros podrían verse muy afectados por la modificación. La posible futura inversión en equipos informáticos o personal dedicado a evitar que las personas inscritas en el Registro de Juego de Prohibidos accedan a las máquinas insertas en estos establecimientos podría provocar que muchos empresarios opten por eliminar directamente las máquinas. “Buena parte de la hostelería vería mermados sus ingresos en una cantidad entre los 7.000 y los 12.000 euros anuales por máquina. No es difícil intuir que, si el 35% de los locales hosteleros en Aragón cuenta con más de una máquina que podría desaparecer, se perderán cientos o miles de empleos”, ha aclarado.

En última instancia, Tremosa ha insistido en la reducción de ingresos experimentada por los salones físicos durante los últimos años a causa del juego online, hecho que se ha agravó durante los meses de confinamiento domiciliario en 2020. Por este motivo, consideran “injusto” que tengan que pagar altos impuestos frente a otro tipo de juegos nacionales, tales como loterías, quinielas, euromillones o bonolotos.

AESA quiere dejar claro que acepta la Ley a pesar de no verla necesaria, confiando en que “los grupos parlamentarios sean sensibles a estos problemas y hagan posible la mejora del texto legal con enmiendas, porque les hemos hecho saber que muchas familias y empresas aragonesas con décadas de trayectoria pueden verse muy perjudicadas”.

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