La dirección del Tranvía acusa al comité de romper las negociaciones

El conflicto laboral entre la plantilla y la dirección del Tranvía continúa
photo_camera El conflicto laboral entre la plantilla y la dirección del Tranvía continúa

La reunión mantenida hoy en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) no ha servido para avanzar en la negociación del convenio del colectivo. Según afirman desde Tranvías Urbanos de Zaragoza, “el comité ha roto las conversaciones rechazando la propuesta de preacuerdo de la empresa y exigiendo nuevos incrementos salariales”. La empresa ha criticado “la nula voluntad de negociar del comité y su interés en alargar un conflicto que utiliza a los ciudadanos, usuarios del servicio, para presionar a la empresa”.
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La propuesta de preacuerdo recogía “prácticamente la totalidad de las reivindicaciones del comité” y suponía “un importante esfuerzo destinado a cerrar una negociación que dura más de dos años”. Así “pondría fin a la huelga en el servicio”. Entre otras medidas contempla el mantenimiento del poder adquisitivo, garantizando revisiones anuales con los IPC reales, la incorporación de una paga extraordinaria y dos nuevos pluses. Además, se proponía la reducción en 16 horas de la jornada anual e importantes mejoras organizativas. La vigencia propuesta para este convenio es de 5 años, de 2019 a 2023.

Lamentablemente, “el comité no ha querido avanzar en esta propuesta de preacuerdo y ha lanzado un ultimátum a la empresa”, exigiendo el cumplimiento de una serie de puntos como paso previo para seguir negociando. Además, “mantiene sus reivindicaciones económicas desorbitadas, que exceden el alcance de la propuesta presentada por la empresa, y que pasan por incrementos salariales superiores al 40% en un convenio a 4 años”. Estas nuevas reivindicaciones son del todo inasumibles por la empresa.

Desde Tranvías Urbanos de Zaragoza lamentan “profundamente” esta ruptura de las negociaciones por parte del comité “y su forma de actuar en este proceso”. Consideran que se basa “en el uso de su capacidad de parar el servicio y perjudicar al ciudadano como herramienta de negociación”.