Rechazo unánime en Aragón al peaje en las autovías

La concesión en este tramo finaliza en 2021
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Todo Aragón ha mostrado su total rechazo a los planes del Gobierno central de establecer un peaje en las autovías españolas a partir de 2024. Desde el propio sector hasta todos los partidos políticos, de un lado y otro, han reclamado que se paralice esta medida, que redundaría en un sector dañado por la pandemia y que generaría una pérdida de competitividad de la industria y la logística de todo el país al incrementar los costes del transporte por carretera.

Desde el Ejecutivo autonómico, el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, ha señalado que “no es una buena medida para Aragón” porque “supone el pago por usar unas infraestructuras públicas”, que “se han financiado con los impuestos que ya ha pagado la ciudadanía”. “Se trata de un impuesto que, además, no es progresivo, que no dependen del nivel de los ingresos y que puede afectar negativamente al sector del transporte”, ha mantenido el responsable del ramo, que manifiesta también el “déficit de inversiones que hemos sufrido durante décadas”.

Por este motivo, Soro ha confirmado que el Gobierno de Aragón “no contempla” aplicar este impuesto para las carreteras autonómicas. “También sería injusto para los profesionales del transporte que ya soportan una situación muy complicada en estos momentos que les ha hecho renunciar, incluso, al uso de las autopistas a pesar de las bonificaciones”, ha expuesto el consejero de Vertebración del Territorio.

Igualmente, el presidente de Tradime, José Antonio Moliner, cree que esta idea llega “en el momento menos oportuno”, donde el sector está saliendo de una importante “recesión”, en la que ha tenido que afrontar el pago de créditos ICO, realizar ERTE y sufrir la “competencia desleal” de los países del Este. “Estamos al límite. En el mejor de los casos, que podamos trasladar el costo, España va a perder mucha competitividad, porque irá a la producción”, ha remarcado.

Además, Moliner también ha incidido en la peligrosidad que supondría trasladar el tráfico de camiones a las carreteras secundarias, en peores condiciones que la red principal. “La gente volverá a la N-II, con los consiguientes accidentes, demostrando que la seguridad vial no les interesa mucho, solo recaudar. El estado de las carreteras no les ha importado en años y sigue sin importarles. Solo quieren recaudar”, ha manifestado.

Unanimidad en las Cortes

Por parte del PP, el diputado Joaquín Juste ha exigido directamente al presidente de Aragón, Javier Lambán, a que “presione” a Pedro Sánchez a que elimine este impuesto de los planes de recuperación. A su juicio, los ciudadanos “ya tenemos un montón de impuestos” que permitieron pagar la construcción de estas carreteras.

Asimismo, Juste considera que esta imposición provocaría que gran parte del tráfico se desplazara por carreteras secundarias, que, afirma, en Aragón tienen unas “penosidades enormes”. “No tenemos una red secundaria buena porque no se ha invertido en carreteras. Si la gente deja de usar las vías de pago y pasa a las secundarias, les vamos a pasar a tener unas penosidades diarias muy potentes, con el riesgo de incremento de accidentes”, ha añadido el diputado popular, que ha criticado el “cinismo” de los partidos que “están dentro del Gobierno y se oponen”.

Desde el PSOE, su portavoz en las Cortes, Vicente Guillén, también ha mostrado un rotundo “no” a esta medida que, ha recordado, ya propuso el PP durante el Gobierno de Mariano Rajoy. “Asistimos a la gran farsa e hipocresía de este partido. Nos tienen acostumbrados a decir una cosa cuando gobiernan y la contraria cuando están en la oposición”, ha criticado Guillén, que ha reclamado que la hoja de ruta debe pase por finalizar las infraestructuras pendientes.

Por otro lado, el diputado de Ciudadanos Carlos Ortas ha definido esta medida como “el timo del tocomocho”, al liberalizar las autopistas para aplicar peajes en las autovías. “En Aragón llevamos mucho tiempo esperando inversiones y ahora queremos grabar estas carreteras, y todo esto va a repercutir negativamente a los usuarios y a los transportistas”, han incidido desde la formación naranja.

El portavoz de Podemos, Nacho Escartín, también ha rechazado la “ocurrencia” del ministro Ábalos, insistiendo en que la solución pasa por “una buena política del fomento del transporte público” y del incremento de los impuestos a “grandes patrimonios”, afirmando que los copagos “no son justos ni progresivos”.

Un término, el de “ocurrencia”, que también ha utilizado el diputado del PAR Jesús Guerrero, exigiendo una rectificación a Moncloa. “Lo que tiene que hacer es desarrollar infraestructuras y poner en valor el ferrocarril para vertebrar el medio rural. En lugar de dar inversiones a otros territorios que no son leales con el Estado, que cumpla con Aragón”, ha señalado.

Del mismo modo, Vox ha definido este impuesto como “una estafa a todos los españoles” que “ya pagamos suficientes impuestos por el uso de nuestros vehículos”. “Antes deben reducir el gasto de la mastodóntica administración gubernamental”, han insistido desde la formación.

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