El Gobierno planea establecer en los próximos años una serie de medidas de fiscalidad medioambiental entre las que se encuentra la instauración del pago por uso de la red viaria de carreteras, eliminar la bonificación al diésel para igualar su imposición con la de la gasolina y revisar la fiscalidad del sector aéreo para actuar sobre sus emisiones, entre otras.
Así se refleja en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido por el Ejecutivo el pasado viernes a la Comisión Europea y publicado en su totalidad este miércoles. En el componente 28 del Plan, bajo el título ‘Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI’, el Gobierno incluye una serie de medidas de fiscalidad medioambiental con los que incentivar comportamientos más eficientes en el apartado energético y de cuidado del medio ambiente.
Entre este tipo de medidas, el Gobierno propone “crear un pago por uso de la red viaria de carreteras”, aunque no especifica el calendario de implementación de dicha medida. Asimismo, plantea la “revisión de las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante para la equiparación progresiva de los tipos impositivos en atención a su poder contaminante”.
En este sentido, el documento señala que actualmente los tipos impositivos en el Impuesto sobre Hidrocarburos son más elevados para la gasolina que para el gasóleo porque “esta diferencia se basó en la creencia de la menor contaminación de la combustión del diésel” pero que, “en la actualidad se ha demostrado que, para un mismo nivel tecnológico de motor, la contaminación del diésel no es inferior a la gasolina”.
También apunta que “la combustión del gasóleo provoca emisiones de NO2 y de otras partículas contaminantes que afectan a la calidad del aire de las ciudades”. Por ello, el Ejecutivo planea que esta imposición será revisada “en el cuarto trimestre de 2022”.
Otras medidas
Otras medidas de fiscalidad medioambiental incluidas en este apartado del Plan de Recuperación son aprobar en el segundo trimestre de 2021 la remisión por parte del Consejo de Ministros de la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley por el que se regulan los impuestos sobre plásticos y sobre los residuos; y, en el tercer trimestre de 2021, aprobar y la Ley reguladora de los impuestos sobre plásticos y sobre los residuos.
Además, en el primer trimestre de 2022 se analizarán y revisarán los impuestos sobre matriculación y circulación; y en el segundo trimestre de 2022 se aprobará la reforma del Impuesto sobre Gases Fluorados.
Por último, recuerda que en el primer trimestre de 2022 se analizarán las propuestas del comité de expertos creado para la reforma del sistema tributario y que en el cuarto trimestre de 2023 se realizará la revisión de otras figuras que inciden sobre la movilidad sostenible.
Asimismo, fuera de la ficha referente a la tributación medioambiental, pero también dentro del componente de la reforma fiscal, el Ejecutivo menciona la posibilidad de “revisar la fiscalidad del sector aéreo para actuar sobre las emisiones de esos sectores”.
Con esta serie de medidas, el Gobierno apunta en el Plan que “el incremento de ingresos derivado de potenciar la fiscalidad ambiental además de contribuir a incentivar comportamientos más eficientes también puede servir para limitar el peso de otros tributos, como por ejemplo aquellos que recaen sobre el trabajo, lo que ha sido una recomendación tradicional tanto de la Comisión Europea como de la OCDE”.
Una medida con afán recaudatorio
Para el presidente de la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime), José Antonio Moliner, que se ponga en marcha este sistema de pago supone “una barbaridad porque el transporte bastante paga ya con el impuesto de hidrocarburos”. En este sentido ha subrayado que “cada vehículo pesado que circula por las carreteras consume una media de unos 5.000 o 6.000 euros al mes, de los que más de la mitad son impuestos, por lo que cada año el transporte paga 11.000 millones de euros, una cantidad con la que se pueden arreglar muy bien las carreteras”.
A esta situación se ha llegado porque hay “una necesidad imperiosa de generar impuestos por una mala administración”, indica Moliner. Las carreteras están en muy mal estado desde hace muchos años y “no han cuantificado la cantidad que cuesta arreglarlas”. Por eso, ha añadido, “cuando liberalicen la AP-2, si vuelven a cobrar, todo el mundo volverá a usar la N-II, por lo que volverá a haber accidentes, algo que demuestra que no les importa la seguridad sino recaudar”.
Finalmente, el presidente de Tradime ha aseverado que “este sistema solo está impuesto en Alemania, ningún otro país de Europa lo ha puesto en marcha, en contra de lo que se ha dicho, y con ellos no nos podemos comparar porque en ese país las vías son mucho más seguras”.
