El propietario de la granja de visones de la Puebla de Valverde (Teruel) en la que se detectó un brote de Covid-19 en julio de 2020 y que tuvo que sacrificar a 92.700 visones denuncia que el Gobierno de Aragón no ha entregado la indemnización correspondiente y que, con la actividad parada y con sus catorce trabajadores en el paro, solo podrá resistir dos meses más. Si no, se verá obligado a cerrar.
“A mediados de mayo se detectó un brote entre los trabajadores y todos estuvimos asintomáticos, pero el Gobierno de Aragón el 16 de julio ordenó el sacrificio de los 92.700 visones y tuvimos que aceptarlo; en todo momento colaboramos con la administración, hicimos los trabajos de sacrificio, desinfección… todo lo que nos pidieron y en el menor tiempo posible”, ha recordado el propietario de la granja, Joaquín Marco.
El propietario ha considerado que “a fecha de hoy no se habrían sacrificado” ya que “no se ha demostrado científicamente que el visón pueda contagiar a las personas”. “No nos dieron opción a nada”, ha agregado.
“Para nosotros fue un drama en todos los aspectos, no sólo por cuestiones económicas; tener una granja de este tipo a pleno rendimiento son muchos años de trabajo por cuestiones de selección genética y otros factores”, ha añadido.
La granja demandó una indemnización al departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón que incluía el coste de los animales, la desinfección de las instalaciones, las materias primas que no se pudieron utilizar y las indemnizaciones por el despido de los trabajadores. Catorce empleados que desde entonces se han visto abocados al paro. Agricultura aceptó el derecho a percibir la indemnización, pero recalculó la prestación, con una cantidad menor.
“Todavía no hemos cobrado ni un solo euro y lo que es peor y más desespera, este año 2021 está perdido y en estos momentos con temor a que el próximo año se pierda también, ya que el ciclo del visón es anual. Estamos en una situación de bloqueo, sin poder planificar el futuro”, ha asegurado, “y tampoco es posible iniciar una nueva actividad puesto que el cierre de la explotación nos ha dejado totalmente descapitalizados”. El ganadero ha apuntado que la empresa solo podrá resistir sin la indemnización un plazo máximo de dos meses.
El propietario compara la situación con la ocurrida en Holanda, en la que asegura que el gobierno holandés ordenó el sacrificio de visones en 640 granjas y que unos meses más tarde ya habían cobrado las indemnizaciones correspondientes. El propietario se ha preguntado “¿por qué aquí en España no se procede de la misma manera? ¿Cómo pretenden los responsables políticos reactivar la economía?”.
“Si la indemnización no llega pronto, será demasiado tarde y no servirá para nada, se destruirá una pequeña empresa con 30 años de actividad, los puestos de trabajo y todo lo que esto supone en una zona rural de la España vaciada”, ha concluido Joaquín Marco.
