Trato de ser ecuánime, y lo digo con absoluta sinceridad. Tengo mis diferencias políticas con el actual equipo de gobierno municipal y su falta de determinación a la hora de abordar las reformas en la estructura administrativa y el mapa competencial asumido por el Ayuntamiento de Zaragoza, tan necesarias, tan urgentes diría yo, como algunas de las reformas en las infraestucturas de la ciudad. Sólo así se podrán reducir la deuda y los impuestos. Pero ante las tensiones que ahora afloran entre ambas instituciones, Gobierno autonómico y Ayuntamiento, -que siempre, realmente, han existido- trato, ya digo, de ser ecuánime.
He estudiado con detenimiento la tramitación de la Ley de Capitalidad de Aragón y creo, y así lo dije en el debate sobre el estado de la Ciudad, que la misma fue una estafa de los entonces diputados autonómicos a sus compañeros, concejales en el Ayuntamiento, miembros de sus mismos partidos. El propio Lambán en aquella lejana campaña electoral, cuando ofreció la promulgación de esa ley en el curso de la legislatura que estaba a punto de comenzar, cifraba el fondo de capitalidad en unos cincuenta millones de euros, que luego quedó reducido a ocho, aunque actualizable cada año. Nunca se ha revisado desde entonces. También se preveía la firma de un convenio económico-financiero para el primer cuatrienio que supondría trece millones y medio en el primer año y que se incrementaría en un millón y medio cada año. Nunca se firmó. Tampoco en el nuevo cuatrienio.
Se atribuyeron al Ayuntamiento nuevas competencias pero sin prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar su suficiencia financiera, ni garantizar que no se produjera la atribución simultánea de la misma competencia a las dos administraciones, autonómica y municipal, incumpliendo la Ley de Bases de Régimen Local. Esas duplicidades y la inevitable hipertrofia administrativa que exigen nos cuestan mucho dinero, más del que deberíamos estar pagando si nos hubiéramos dotado de una administración racional y sensata, a la medida de nuestras necesidades. Ciento ochenta millones nos cuestan al año a los zaragozanos las competencias impropias, según cálculos de los propios técnicos municipales: léase, los servicios que nos debería prestar el Gobierno de Aragón, al que financiamos las estructuras administrativas necesarias para que nos los preste, y no nos presta. Tampoco las competencias delegadas (servicios sociales, asistencia domiciliaria a dependientes, políticas activas de empleo…) están siendo suficientemente financiadas. Y sus costes no son estimativos ni debieran ser objeto de debate: se conocen al céntimo.
El 4 de marzo del año 2020 Lambán y Azcón se reunieron y acordaron algo que no necesitaría de ningún acuerdo: esencialmente cumplir la Ley de Capitalidad. Ello dio lugar a los correspondientes apretones de manos, sonrisas y posados ante las cámaras. Pero llegaron los presupuestos autonómicos (mil millones de incremento respecto a los anteriores) y en ellos no apareció ninguna de las partidas comprometidas en aquellos acuerdos y previstas en la Ley de Capitalidad. Y como muestra final de la disposición del Ejecutivo autonómico, la reciente sentencia que fijaba la deuda del tranvía del Gobierno autonómico al Ayuntamiento ha sido recurrida, en lugar de sentarse a negociar la forma y plazos de pago. Como conclusión, al margen y además de todos esos convenios que no se han firmado y fondos que nunca han llegado, el Gobierno de Aragón debía al Ayuntamiento 53 millones de euros a 31 de diciembre del año pasado.
Formularé un par de preguntas: ¿dónde quedó la necesaria, imprescindible lealtad institucional? ¿Cuánto nos cuesta a los ciudadanos su ausencia?
