Olona recuerda que Mularroya cubriría las necesidades de riego de la zona “hasta el 95%”

La Audiencia Nacional reconoció hace varia semanas que la presa de Mularroya infringe lo prevenido en la Directiva Marco del Agua. Foto: SEO/BirdLife
photo_camera La Audiencia Nacional reconoció hace varia semanas que la presa de Mularroya infringe lo prevenido en la Directiva Marco del Agua. Foto: SEO/BirdLife

Las Cortes de Aragón han debatido este miércoles sobre el futuro de la presa de Mularroya y su construcción, con el contexto encima de la mesa del reconocimiento por parte del Ministerio de Transición Ecológica de que no iba a recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional ante el Supremo. Cabe recordar que estimaba parcialmente el recurso de SEO Birdlife y la Asociación Jalón Vivo contra la construcción de la misma.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, ha recordado que la puesta en marcha de Mularroya significaría que las necesidades de riego de la zona quedarían cubiertas “hasta el 95%, frente al 40% actual”. En este sentido, ha incidido que no sólo es necesario garantizar “la continuidad de las obras, sino también su puesta en servicio”, algo que ya han trasladado al ministerio, que es el “promotor y responsable de la obra y quien tiene que velar por el cumplimiento, finalización y puesto en servicio”.

Olona, además, ha incidido en que es una obra “incluida en el Pacto del Agua y declarada de Interés Regional en el Plan Hidrológico Nacional”. El consejero sí ha admitido que se trata de una cuestión técnica que deben “saber corregir” y que los defensores de las obras hidráulicas están obligados a “cambiar la estrategia de defensa” para ser considerado de Interés Público Superior.

En este sentido, Olona ha manifestado que “la sentencia hay que recurrirla porque el Estado tiene la obligación de defender sus actuaciones y porque hay motivos para hacerlo”. Además, no entiende que una obra con 130 millones de inversión hasta el momento, con todas las autorizaciones administrativas y aprobaciones necesarias, no tenga dicho Interés Público Superior. “Será que lo tiene tirarlos a la basura”, ha lamentado.

El portavoz del ramo del PP en las Cortes de Aragón, Ramón Celma, ha considerado que la sentencia “lo único que traslada es desesperanza” porque “el que más debería proteger los intereses de los agricultores en zonas despobladas es el Gobierno de España” y “de momento lo máximo que tiene son dudas sobre si recurrir o no la sentencia”.