El Congreso da luz verde a la "ley Rhodes" de protección de la infancia

El Congreso da luz verde a la ‘ley Rhodes’ de protección a la infancia y adolescencia con el voto en contra de Vox y PNV
photo_camera El Congreso da luz verde a la ‘ley Rhodes’ de protección a la infancia y adolescencia con el voto en contra de Vox y PNV

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves el proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, conocida como ‘ley Rhodes’, por 268 votos a favor, 57 en contra de Vox y PNV y 16 abstenciones de Bildu y PDeCAT.

El dictamen ya fue aprobado la semana pasada en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad por 27 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones.

En concreto, el texto llegaba a la Cámara Baja tras recibir en dicha comisión los votos a favor de PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y Junts Per Cat; el voto en contra de Vox y PNV, y la abstención de ERC y EH Bildu.

En el transcurso de su debate en el Congreso, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, subrayó que se trata de una ley “de enorme calado y enorme importancia para nuestro país” y agradeció sus aportaciones a las organizaciones de infancia y al pianista James Rhodes, de quien dijo que ha sido “una pieza fundamental, un motor imprescindible para que hoy podamos estar aprobando esta ley”.

“Quiero darte las gracias por tu testimonio, por haber sido capaz de hacer una cosa muy difícil, que es convertir tu dolor en cambios que van a proteger a otros niños y niñas que sufren lo que tú sufriste”, manifestó, dirigiéndose al artista para, a continuación, señalar que la ley “tiene una importancia capital” para España y, sin embargo, “ha tenido un altísimo consenso, pero una muy bajita intensidad”.

Tras recordar el recorrido parlamentario de esta ley, valoró que las organizaciones de infancia “llevan años exigiendo a nuestro país que apruebe una ley de estas características”, por lo que el actual Gobierno de coalición estimó que esta ley “era imprescindible, que tenía una enorme urgencia”.

“Pronto, por fin, esta ley va a ser una realidad efectiva y va a proteger un derecho fundamental para los niños y niñas de nuestro país, que es el derecho a tener una vida libre, segura, libre de violencias que les permita, en definitiva, ser felices”, apostilló, convencida de que se trata de una “muy buena noticia” que pueda salir adelante “con un amplísimo consenso, con el apoyo de muchísimos grupos parlamentarios” y de que el texto final “es mejor que cuando lo trajimos al Congreso”.

Belarra quiso tomarse la “licencia” de “intentar convencer” a los grupos parlamentarios que han decidido abstenerse, a quienes insistió en que esta ley busca “promover un cambio de paradigma, un cambio cultural” y enviar el mensaje “claro e inequívoco” de que la violencia contra los niños “en cualquiera de sus formas no es aceptable”.

“Una sociedad democrática no puede, ni por activa ni por pasiva, tolerar la violencia hacia los niños, ni física, ni sexual, ni verbal, ni psicológica, pero tampoco institucional y, por supuesto, no puede consentir ningún tipo de explotación, de acoso, de amenaza, de perjuicio, descuido o negligencia”, sentenció, consciente de que, con esta ley, el Congreso “dice no a la violencia contra los niños y las niñas”.

Mensaje a los menores

“Ninguna persona tiene derecho a violentaros, agrediros o haceros daño. Ninguna persona, ya sea un adulto o un compañero o compañera de vuestra edad, tiene derecho a tocar vuestros cuerpos sin vuestro consentimiento”, recordó, dirigiéndose a los menores, a quienes instó a pedir ayuda si alguien les hace daño.

“Tenéis derecho a una vida digna, a una vida segura, a una vida feliz, sin que nadie os haga daño, tampoco a través de las redes sociales”. “Nada de lo que os ha pasado es vuestra culpa, pedid ayuda porque alguien va a ayudaros”, puntualizó, para, a continuación, afirmar que, “desde luego, el Gobierno de España y sus instituciones está del lado de los niños y de las niñas” y lamentar que la violencia contra la infancia “es una realidad que genera muchísimo malestar y demasiadas veces ha sido ignorada por nuestra sociedad”.

En este sentido, comentó el caso de Emiliano, un niño que, con 10 años, sufrió agresiones sexuales de un sacerdote en el seminario donde estudiaba interno para denunciar que la Iglesia Católica en España “ha sido cómplice demasiadas veces, encubriendo la violencia sexual hacia los niños”, algo que, espetó, “tiene que terminar por Emiliano y por todos los niños que han sufrido abusos a manos de los sacerdotes”.

Por todo ello, animó a los parlamentarios a seguir trabajando para “fortalecer aún más esta ley y completar el trabajo que nos ha llevado tanto tiempo”, sabedora de que el texto “tiene que seguir mejorándose”, si bien desde hoy coloca a España “una vez más como referencia internacional en la lucha frente a todas las violencias”.

Por su parte, la diputada socialista Sonia Guerra recordó que se trata de una de las leyes “más participadas” de la Cámara Baja, en la que se han discutido más de 570 enmiendas, se han incorporado más de 200 y se han transaccionado más de 70 y defendió que, con su aprobación, la sociedad española “es más humana, más democrática y es, en definitiva, una sociedad mejor”, dado que la ley pretende que los menores “crezcan sin violencia y vivan sin miedo”.

A este respecto denunció que el 47,6% de los delitos contra la libertad sexual son contra menores y que cada año 38.000 menores sufren violencia en España, de los que únicamente denuncian el 20% y “cuatro de cada cinco callan durante semanas, meses o años y algunos callarán toda su vida”.

“La violencia contra la infancia no se nombra, pero existe”, espetó, dirigiéndose a Vox, que anunció su voto en contra de esta ley y a quienes reprochó que niegan esa violencia “porque defienden a sus verdugos contra las víctimas”.

“Muchos niños, niñas y adolescentes no se atreven a denunciar porque piensan que no les vamos a creer. Otros ni siquiera saben cómo hacerlo. Algunos piensan que la violencia es una forma de relación habitual, otros se sienten culpables y piensan que se merecen esa violencia”, lamentó, para advertir de que esta ley les defiende como “sujetos jurídicos y políticos”.

En este sentido, les dirigió el mensaje “alto y claro” de que son “ciudadanos desde que nacen” y tienen derecho “a vivir en entornos seguros en los que la base de la relación humana sea el buen trato”.

“Es nuestra obligación como poderes públicos, pero, sobre todo, nuestro compromiso como sociedad velar por vosotros y vosotras, protegeros de la violencia, venga de donde venga, la realice quien la realice y se produzca donde se produzca”, apostilló, convencida de que la norma marcará “un antes y un después” en la protección de la infancia y la adolescencia y “compromete sin fisuras” a la sociedad española con sus menores.

“Con esta ley os decimos alto y claro que queremos protegeros, que os sintáis seguros y seguras, que crezcáis sin violencia y que viváis sin miedo”. “No permitiremos que soportéis más tiempo en soledad y silencio el peso de la violencia”, agregó, advirtiendo de que, “sencillamente no se va a permitir”.

La diputada recordó que la ley “no pone el acento única y exclusivamente en la atención”, sino también en la prevención, la detección precoz, la asistencia, el asesoramiento, la reparación, la restauración y la sensibilización contra la violencia y defendió que supone “un verdadero hito y hereda el espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño, pone en el centro la protección de la infancia y la adolescencia y la promoción de su pleno desarrollo”.

Entre los “muchos derechos” que el texto incorpora, citó que, a partir de ahora, los niños y adolescentes podrán denunciar “de manera personal y directa”, se mejoran las posibilidades de reparación de las víctimas de abusos sexuales y violaciones elevando el plazo de prescripción a partir de que la víctima cumpla 35 años, se establece como obligatoria la prueba preconstituida hasta los 14 años y para menores de edad con discapacidad que requieren una especial protección con el fin de “evitar la victimización secundaria” y se categoriza el mundo virtual en cuanto a los riesgos que tienen niños y adolescentes en ese ámbito.

Junto a ello, valoró que el texto tendrá “perspectiva feminista y pone, por fin, punto y final al falso síndrome de alienación parental y sus diferentes mutaciones”. “No se va a poder aplicar nunca más en nuestro país, se llame como se llame, se decline como se decline”, abundó, al tiempo que añadió que también incorpora la violencia vicaria como “una forma de violencia contra los niños y las niñas y, a través de ellos, contra sus madres”.