España aprueba su primera ley contra el cambio climático

La ley prevé que España alcance la neutralidad de emisiones antes de 2050

La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados aprobó este jueves con competencia legislativa plena la Ley de Cambio Climático y Transición Energética con el único rechazo de Vox, la abstención del PP y Más País-Equo, y el apoyo del resto de partidos.

La ley pretende que la economía española entierre los combustibles fósiles a largo plazo, puesto que prevé que España alcance la neutralidad de emisiones “antes de 2050”, es decir, que para entonces las emisiones que se expulsen a la atmósfera sean compensadas con las que ecosistemas como bosques u océanos pueden absorber.

El Congreso eleva los objetivos climáticos nacionales a medio y largo plazo respecto del proyecto presentado por el Gobierno, fijados ahora en que para 2030 se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 23% con respecto a 1990, las renovables aporten al menos un 42% del consumo de energía final, el 74% de la electricidad se genere con renovables y la eficiencia energética mejore en al menos un 39,5%. Y para 2050, toda la electricidad proceda de fuentes renovables.

Movilidad y calidad del aire

En materia de movilidad, el texto mantiene 2040 como fecha tope a partir de la cual sólo podrán venderse coches y vehículos comerciales ligeros nuevos -salvo los matriculados como vehículos históricos- libres de CO2, de manera que antes de ese año irá reduciéndose la venta de vehículos contaminantes. Además, todas las administraciones públicas deberán adoptar medidas para que en 2050 haya un parque de automóviles y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2.

La ley obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares a establecer zonas de bajas emisiones como muy tarde en 2023, esto es, áreas con restricción de la circulación de vehículos contaminantes y de impulso del transporte público y los desplazamientos a pie, en bicicleta o por medios de transporte eléctrico.

Asimismo, la norma obliga a las gasolineras con mayor capacidad económica (un 9% del total) a instalar al menos un punto de recarga rápida para favorecer la expansión del vehículo eléctrico. También las nuevas instalaciones de suministro de combustible a vehículos o las que hagan una reforma que requiera revisión de su título administrativo deberán instalarlo.

Hidrocarburos y minería 

A partir de la entrada en vigor de la futura ley no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, ni se autorizará la fracturación hidráulica de alto volumen (‘fracking’).

Una de las novedades en la tramitación del Congreso es el veto a la minería radiactiva, tras la polémica por un proyecto de mina de uranio a cielo abierto en Retortillo (Salamanca).

También se insertan en el texto otros aspectos, como que el Gobierno promoverá el transporte ferroviario de viajeros -así como el de mercancías por tren en distancias superiores a 300 kilómetros-, se creará un grupo de expertos sobre fiscalidad verde, que la madera utilizada en obras públicas proceda de bosques sostenibles y que el Gobierno reformará el sector eléctrico antes de 12 meses tras la entrada en vigor de la ley, con participación de los consumidores e inversiones de energías renovables variables y flexibles

 

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