Nuevo impulso a la ordenación urbanística de los municipios aragoneses. Así lo ha anunciado este jueves el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, gracias a la convocatoria con 700.000 euros que va a servir para que unos 25 municipios se doten de una figura de ordenación que permita el desarrollo urbanístico ordenado y sostenible. Además, servirá también para la redacción y financiación de los Planes Generales Simplificados y las Delimitaciones de Suelo Urbano.
“Con esta subvención, el Gobierno de Aragón contrata y financia el 100% del coste de la elaboración de estas figuras y, además, aporta la asistencia administrativa, jurídica y técnica por parte de los especialistas de la Dirección General de Urbanismo”, ha explicado el consejero. Además, Soro ha destacado la importancia que tiene la ordenación urbanística para avanzar hacia un desarrollo sostenible y equilibrado de los pueblos y ciudades y del conjunto del territorio, desde el punto de vista social, cultural, económico y ambiental.
El consejero ha estado acompañado, durante la presentación, por el presidente de la FAMCP, Luis Zubieta. De esta manera, “los ayuntamientos van a optar a la ayuda para la redacción de Planes Generales Simplificados o Delimitaciones de Suelo en aquellos casos en los que no cuenten con ninguna figura de ordenación”, ha añadido Luis Zubieta. “Es una magnífica herramienta de vertebración para que todos los municipios tengan acceso a los mismos modelos”, ha dicho, recordando que se trata de soluciones que “vienen a facilitar la gestión del ámbito rural”. Para Zubieta “es un apoyo muy importante por el avance integral para que todos los municipios tengan un plan de ordenación. Son instrumentos complejos, un poco farragosos, y que tengamos la asistencia y financiación del Gobierno de Aragón cierra un círculo complejo”.
El proceso de concesión se realizará por concurrencia competitiva y la convocatoria estará abierta durante un mes. Entre los criterios para la asistencia para la elaboración de este Plan se valorarán el número de habitantes y el impacto socioeconómico y cultural, obteniendo más puntuación aquellos municipios que cuenten con más núcleos urbanos, otorguen más licencias de obras o cuenten con Conjuntos de Interés Cultural, en especial, en la categoría de Conjunto Histórico, o figuras de protección ambiental.
En el caso de las Delimitaciones de Suelo urbano, se van a valorar el número de habitantes y el impacto también socioeconómico y cultural, dando mayor puntuación a aquellos que cuenten con menos núcleos urbanos, otorguen más licencias urbanísticas, y la existencia de bienes declarados de interés, con carácter de inmueble, dentro del Patrimonio Cultural Aragonés.
Con este modelo de colaboración se han logrado redactar y aprobar un total de 49 nuevos instrumentos desde 2015.
Desde 2015, inicio de la legislatura
Al inicio de la legislatura 2015, 245 municipios, de los 731 municipios, carecían de la más elemental figura urbanística, ni siquiera contaban con Delimitación de Suelo Urbano. En ese año, eran 60 en la provincia de Huesca (el 30% de sus municipios), 70 en la de Teruel (30% de los totales), y 115 en la de Zaragoza (40% de los de esta provincia).
Soro ha aseverado que “antes de 2015, el mecanismo preferente de asistencia a municipios era el de subvencionar parcialmente (hasta el 70% del coste) a los ayuntamientos que decidiesen impulsar la redacción de Planes o Delimitaciones de Suelo Urbano, con contratación municipal y sin implicación de la administración autonómica en los procedimientos” y, ha añadido, que “esto conducía, en la inmensa mayoría de los casos, a que los procedimientos se estancasen y murieran sin haber alcanzado su aprobación definitiva”.
En lugar de dar subvenciones a los ayuntamientos para financiar una parte del coste económico de la redacción del planeamiento, “lo que decidimos hacer es asumir directamente desde el Departamento la elaboración de los documentos necesarios para tramitar los Planes o Delimitaciones de Suelo, bajo las directrices e instrucciones del Ayuntamiento respectivo”, ha señalado Soro quien ha querido dejar claro “que esto no afecta en absoluto a la autonomía municipal, puesto que es el ayuntamiento respectivo el que determina el modelo de ordenación que considera más oportuno para su municipio”.
Por impulso municipal, ajeno a convocatorias del Gobierno de Aragón, se encuentran en tramitación otras 40 figuras de planeamiento respecto de municipios que carecen de ellas, lo que podría suponer que de los 250 que carecían de ellas en 2015, el número se vea reducido a un total aproximado de 100 cuando termine la legislatura.
El Plan General Simplificado regula la actividad urbanística de todo el término municipal, planificando los desarrollos urbanos y clasificando el suelo para el establecimiento del régimen jurídico correspondiente. Resulta conveniente para municipios que experimentan o tienen perspectivas de alto crecimiento. También es muy importante para aquellos que tienen que regenerar áreas urbanas o poseen declaración de interés cultural. A esta convocatoria se destinarán 508.200 euros.
Municipios que se han acogido a las convocatorias anteriores
Entre 2015 y 2016 se acogieron los municipios de Alberuela del Tubo, Azanuy-Alins, Huerto, Beranuy, Azara, Jatiel, Monterde, Moyuela, Fombuena, Bijuesca, Torralba de Ribota, Escorihuela, Burbáguena, Terriente, Jabaloyas, Cervera de la Cañada, Gistaín, Adahuesca, Bondón, Laspaúles, Lledó, Torres de Barbués y Poleñino.
En el periodo comprendido entre 2017 y 2021, se acogieron los municipios de Orera, Arándiga, Olves, Santa Eulalia de Gállego, Murero, Barrachina, Lanzuela, Toril y Masegoso, Obón, Alcaine, Chía, San Juan de Plan, Fanlo, Argavieso, Lagueruela, Villahermosa de Campo, Montón, Ruesca, Grisén, Paracuellos de Jiloca, Olva, Peñarroya de Tastavins, Maluenda, Escucha, Alquézar y Bisaurri.
Otras colaboraciones en materia urbanística
Desde la Dirección General de Urbanismo se presta, además, ayuda técnica para la elaboración de PGOU en la medida en que se solicita y con el objetivo de orientar hacia los criterios técnicos necesarios para agilizar la aprobación de los PGOU, como ha ocurrido en La Muela o Teruel.
