Carlos Gómez Bahillo / Director de Cáritas Diocesana Zaragoza

Se incrementan las necesidades y la situación social empeora

Carlos Gómez Bahillo

La situación que estamos viviendo no va a ser fácil de olvidar, y de alguna manera va a estar muy presente en nuestras vidas. Ante la sensación prepotente de los países desarrollados que promovían un mundo controlado y planificado, la realidad nos está haciendo ver lo contrario: crisis económicas globales, crisis sanitarias y pandemias mundiales, crisis climáticas y medioambientales, desplazamientos globales de población, etc. La realidad nos llevar a aceptar que la sociedad ha cambiado.

La actual crisis se produce en un contexto en el que un porcentaje elevado de hogares ya vivía al día, no pudiendo hacer frente a gastos imprevistos. La insuficiencia de ingresos, o su disponibilidad con regularidad, ha transformado situaciones de vulnerabilidad en casos de pobreza extrema y severa, y en un empeoramiento de las condiciones de vida de muchos aragoneses.

La crisis socio sanitaria que estamos sufriendo ha acelerado y agravado la precariedad, pobreza y riesgo de exclusión social de determinadas personas y familias, y ha generado también un nuevo tipo de pobre. Aquél que sin ser un marginado social se convierte en excluido al haber perdido el empleo y tener escasas posibilidades de encontrar uno nuevo a corto o medio plazo. Y junto a la pérdida de empleo la vivienda es, en estos momentos, uno de los principales problemas de las familias que buscan la protección social. Es urgente poner también en marcha políticas públicas de vivienda que garanticen el derecho a una vivienda digna para todos los ciudadanos, sobre todo, de los más vulnerables.

En nuestro entorno existen “dramas sociales” de personas y familias que se han convertido en “excluidos”, y viven en una situación de inseguridad y dependencia permanente. Es la desesperación lo que lleva a las situaciones de pobreza –marginación y exclusión-, lo que no sólo es debido ala insatisfacción de las necesidades básicas sino también por la falta de alternativas a la situación en la que están viviendo, de la que quieren salir y no saben cómo hacerlo, o no pueden.

La pérdida de confianza en las instituciones públicas está aumentando, principalmente entre los ciudadanos desempleados, personas mayores con pensiones mínimas o con obligaciones surgidas por la pérdida de trabajo de sus hijos, familias desestructuradas con cargas familiares, inmigrantes forzados que se encuentran o han pasado a una situación administrativa irregular por haber perdido el empleo, personas con dificultades de acceso a una vivienda o de hacer frente a los gastos de la misma (hipoteca, alquiler), etc. Para estos colectivos, las instituciones públicas no garantizan los derechos sociales reconocidos en el capítulo tercero de la Constitución, y las administraciones públicas no son lo suficientemente ágiles, especialmente en momentos de crisis, para prevenir y dar respuesta a sus necesidades básicas e inmediatas.

Un ejemplo de ello es la grave situación que para las familias aragonesas necesitadas está suponiendo la actual paralización de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital. Se trata de personas que no pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital, pero tampoco al Ingreso Aragonés de Inserción, ya que el mismo ha sido derogado, y los que actualmente se beneficie del mismo, dejarán de percibirlo a finales de este mes de mayo de 2021. El Decreto-Ley 5/2020, que es la norma de referencia del PAC-IMV, actualmente convalidado y en vigor, está pendiente de reglamentación para su efectiva implementación y, por tanto, no se aplica en la Comunidad Autónoma.

La tramitación y resolución del Ingreso Mínimo Vital está teniendo múltiples deficiencias, produciéndose en algunos casos situaciones de indefensión de los solicitantes frente a la administración. Los requisitos exigidos para su solicitud y concesión hacen que muchas familias, que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y social, no puedan acceder a la prestación, y continúen en situación de pobreza severa y exclusión social. A ello se añade que, dada la actual situación pandémica, su tramitación es telemática, lo que constituye un impedimento para las personas que carecen de recursos y de conocimiento básicos informáticos. La brecha digital existente en las personas a las que está destinada la prestación, dificulta la solicitud y posteriores trámites.

En los próximos meses, si no se toman ya medidas administrativas, se producirán un incremento de excluidos por la derogación definitiva del Ingreso Aragonés de Inserción y la denegación o no admisión a trámite del Ingreso Mínimo Vital por no cumplir los requisitos. A lo que habrá que añadir las personas/familias que no tienen acceso actualmente a ningún tipo de prestación y se encuentran en una grave situación de vulnerabilidad.

Desde Cáritas consideramos que: 1º) No se puede condicionar la situación de las personas y el reconocimiento real de sus derechos sociales a un proceso normativo, que depende del momento y de la actuación política; 2º) Las normas reguladoras de acceso a derechos básicos esenciales deben garantizar como mínimo lo establecido en el Ingreso Aragonés de Inserción respecto a las condiciones de accesibilidad a la prestación y a sus características.

Es fundamental desarrollar las condiciones de acceso al Ingreso Mínimo Vital con una perspectiva amplia, es decir, que incluya a todos aquellos que tienen dificultades reales para poder insertarse en el mercado laboral, y que van a tener que depender de una ayuda de carácter asistencial con carácter definitivo. Hay personas que por sus características personales (edad, deficiencias físicas o de salud), dificultades para la inserción social o por carecer de las competencias y habilidades que se demandan para desarrollar un trabajo, difícilmente van a poder desarrollar una actividad productiva.

En Caritas, además de nuestra labor de acogida y acompañamiento diario, que quizás es la que más se conozca, tenemos como misión trabajar por la defensa de los derechos de los más vulnerables. Por ello, defendemos y demandamos el refuerzo de políticas públicas –tanto a nivel estatal, como autonómico y local- que garanticen unas condiciones de vida dignas para todas las personas, en especial, de las más desprotegidas, y el reconocimiento de sus derechos como personas y ciudadanos.

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