La DGA renueva créditos por valor de 400 millones para garantizar la liquidez de tesorería

Imagen de archivo del Gobierno de Aragón

El Gobierno de Aragón renueva créditos a corto plazo por valor de 400 millones de euros con los que se garantiza la liquidez de la tesorería y la capacidad de atender las obligaciones pendientes de pago que puedan generarse por posibles desfases entre los ingresos y los gastos en la gestión del presupuesto de la Comunidad Autónoma.

Se trata, por lo tanto, de operaciones ya suscritas, que vencían este mes, y que se novan anualmente para mantener la agilidad administrativa.

Cinco entidades financieras (Abanca, 200 millones; BBVA, 80 millones; Ibercaja, 50 millones; Liberbank, 50 millones y Kutxbank, 20 millones) concertarán las nuevas operaciones, que totalizan los 400 millones de euros, después de que se haya resuelto el procedimiento de licitación pública, convocado por el departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón el pasado 9 de marzo.

El Gobierno de Aragón puso en marcha esta operación de renovación de pólizas una vez que el Consejo de Ministros celebrado el 2 de marzo autorizó la formalización de préstamos por un valor total de 802 millones. Es un trámite obligado para las comunidades autónomas en los casos de incumplimiento de las reglas de estabilidad, como fue el caso de Aragón en 2019.

La autorización del Consejo de Ministros permitirá abordar, además de la renovación de créditos por 400 millones, otra actuación similar a finales de año por valor de 270 millones, para hacer frente al vencimiento de los créditos suscritos en diciembre de 2020. Las dos operaciones totalizan 670 millones de euros y aunque se dispone de un mayor margen de contratación de pólizas (el Ministerio de Hacienda autoriza créditos por valor de 802 millones), “la cifra supone volver a las magnitudes previstas en 2020, antes de la eclosión de la pandemia que obligó a elevar hasta el 30% el límite de los créditos de gasto no financiero”, explicó el consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón.

Incrementar la concurrencia y transparencia

Estas operaciones no suponen una asunción de mayores niveles de deuda, simplemente actualizan créditos de un año de validez, que permiten hacer frente a cualquier necesidad de la Administración y de sus entes dependientes con inmediatez y agilidad. Son operaciones que se suscriben para mantener el circulante sin alterar el funcionamiento ordinario de la Administración y cuyo coste de contratación, aunque oscila en función de la disposición de la cuenta, se situará entre 1.400 y 2.000 euros.

El propósito del Gobierno de Aragón de “aumentar la transparencia en estas operaciones, así como propiciar una mayor participación”, llevó a publicitar la convocatoria a las entidades financieras a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, que ha sido el cauce elegido en la mayor parte de las ocasiones desde que se inició la presente legislatura, aunque las operaciones de crédito se tipifican como contratos privados. En total, doce entidades han concurrido a este llamamiento del Gobierno de Aragón, “ofreciendo, entre todas, un volumen de 795 millones de euros, que superan ampliamente las necesidades de financiación, y que da prueba de la confianza en las actuaciones que pone en marcha el ejecutivo autonómico”, recalcó Pérez Anadón.

En las características técnicas que se requerían a las ofertas de las entidades financieras se señalaba un importe mínimo de 10 millones de euros y se especificaba que, a la hora de valorar las propuestas, se tendrían en cuenta, en primer lugar, las ofertas de menor coste total por millón de euros, con una disposición media anual del 30%, aunque se analiza el coste individual de cada una de ellas. Las normas también establecían la manera de proceder en caso de empate entre dos o más entidades.

La concertación de créditos a corto plazo, forma parte de la planificación anual del Gobierno de Aragón y es expresión de previsión y buen gobierno por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma, que siempre tiene presentes los criterios de prudencia financiera en sus operaciones.

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