El presidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, ha comparecido esta mañana ante la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas para presentar el informe de fiscalización de Ecociudad Zaragoza, correspondiente a los ejercicios 2012-2017. Allí, Peña ha explicado que “la prestación del servicio no se ha resentido al cambiar y ser prestado en forma de gestión directa a través de una sociedad mercantil”, Ecociudad, en vez de por los servicios municipales.
En este sentido, Peña ha insistido en que la valoración del informe “no es mala” y en que, “pese a ser una estructura muy pequeña, Ecociudad es una sociedad madura que ha sido capaz de asumir una cesión y una actuación como esta”. No obstante, ha recomendado que “el órgano de control interno del Ayuntamiento ejerza sus competencias de gestión financiera de este tipo de órganos y sociedades”.
En cuanto a la revalorización de los activos, el presidente de la Cámara de Cuentas ha asegurado que se ajusta a la “regularidad” y ha declarado que “no se puede ceder a una sociedad unos activos de la Administración municipal sin hacerlo al coste actualizado que tienen en ese momento”, porque “la sociedad mercantil tiene que pagar esos activos a la sociedad municipal”. Sin embargo, Peña ha recalcado que “hay cosas que están mal” y “esos activos están contabilizados dos veces”.
De igual forma, Peña ha hecho hincapié en que Zaragoza cuenta con “una especialidad”, que es el hecho de que “un mismo servicio combine dos gravámenes, el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) y la tarifa municipal por la prestación de los servicios de Ecociudad”. “La ciudad ha generado ríos de tinta al respecto y en este informe lo único que hemos intentado es aportar datos para que ustedes puedan tomar decisiones políticas”, ha expuesto el titular de la Cámara de Cuentas a los miembros de la Ponencia.
En última instancia, Peña ha defendido que, “tanto la gestión directa, como la gestión mediante modelos concesionales, son modelos válidos”. “Optar por una alternativa concesional que implica la adopción de compromisos por un operador privado y la transferencia de unas facultades de gestión importantes tiene que tener detrás un buen análisis de las razones jurídicas, económicas y de gestión que se inclinen por esa decisión, y nosotros nunca lo criticaremos”, ha concluido Peña, “aunque se dupliquen los costes de gestión, explotación y mantenimiento, como se ha confirmado también en el caso de Ecociudad”.
