Fernando Tirado Aznar / Jurista

15 de marzo

Fernando Tirado

Un año más, desde 1983, celebramos el Día Mundial de los Derechos del Consumidor instituido por la ONU, coincidiendo con el aniversario del discurso que veinte años atrás, en 1963, el presidente Kennedy pronunció ante el Congreso de los Estados Unidos, enunciando por vez primera en el mundo los derechos que les asistían a los ciudadanos en su condición de consumidores. Este evento es señalado desde entonces como el punto de partida para la protección de los derechos de los consumidores y usuarios a nivel internacional, de modo que se adoptó esta fecha para conmemorarlo. Decía JF que “todos somos consumidores”, y ahora con la nueva redacción de género actualizada hay que decir “personas consumidoras”. Acuñamos también un nuevo término, la de la figura del “consumidor/a vulnerable”, regulada en el Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, por el Ministerio de Consumo.

La Plataforma de OMICSUNIDAS (con más de 250 miembros), creada hace 8 años, establecía como uno de sus principales objetivos constituir y poner en marcha una Asociación profesional de ámbito nacional en la que estuvieran integrados todos los empleados/as públicos que desempeñan sus funciones en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) de las entidades locales, con el propósito de trabajar en la defensa de los intereses y derechos de todos sus miembros, ante la falta de interés y el abandono generalizado por parte de las distintas Administraciones Públicas en materia de Consumo.

Muchos de los técnicos de consumo son conscientes de la situación laboral que vienen atravesando desde hace algunos años, concretamente desde la entrada en vigor en el año 2013 de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), a través de la cual se modificó el artículo 25 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen local, suprimiendo la “defensa de usuarios y consumidores” del listado de materias de competencia propia de los ayuntamientos, lo que podía provocar el cierre masivo o privatización de las OMIC, después de tantos años al servicio de los ciudadanos.

La sociedad, un día como hoy, debe agradecer la labor, el esfuerzo y el compromiso de muchos técnicos municipales de consumo, para que estas Oficinas pudiesen continuar abiertas al público, a pesar de las adversidades y de la pandemia originada por la Covid-19.  Recordar a los muchos compañeros/as que se han quedado en el camino, sin que nadie defendiera sus derechos, a los fallecidos, a los jubilados, despedidos y/o trasladados. Algunos han tenido que acudir a los tribunales de justicia para defender sus puestos de trabajo y otros han sido relegados a desempeñar otras funciones en otros departamentos. Actualmente, muchas de las Oficinas que existen y que permanecen abiertas  no disponen del personal ni de los medios necesarios para atender a los ciudadanos, no disponen de un presupuesto para hacer frente a sus funciones, algunas no pueden realizar con plenitud muchas de sus actividades.

Son muchos los técnicos municipales de consumo que están desempeñando funciones de inferior o superior categoría y que, a pesar de tener la titulación y la preparación necesaria, no se les reconoce su categoría. Es necesario dar a conocer la labor que durante más de 30 años vienen desempeñando al servicio de los ciudadanos como informadores, asesores, mediadores, inspectores y árbitros, etc., funciones de gran responsabilidad que suponen independencia, neutralidad y ejercicio de autoridad.

Las estadísticas por atenciones a usuarios de las OMIC dan como resultado estos últimos años las numerosas consultas y reclamaciones por razón de suspensiones y cancelaciones de viajes, vuelos, eventos, conciertos, prestación de servicios en academias y centros de deportes, etc. a causa de las consecuencias de la Declaración del Estado de Alarma en nuestro país por la Covid-19. Se han incrementado las atenciones de personas y colectivos vulnerables por razones económicas, ante impagos de servicios básicos y cortes del suministro; las reclamaciones por presuntas estafas y fraudes en el comercio electrónico, ya que los consumidores en el confinamiento han utilizado de forma más habitual este sistema de compra.

Han surgido un gran número de reclamaciones y solicitudes de ayuda en el caso del concurso de acreedores y cierre de las clínicas odontológicas de la red Dentix. Siguen dándose en gran número consultas y reclamaciones en materias de telecomunicaciones, energía, seguros, y entidades financieras, dada el carácter básico y habitual de estos servicios. Los usuarios optan mayoritariamente por utilizar preferentemente los canales del correo electrónico y el teléfono para resolver sus dudas. La atención presencial ha descendido sensiblemente dada la situación de pandemia y cierre temporal de las Oficinas, y las dificultades de accesibilidad física a los locales de atención, muchas veces distantes y escondidos.

Para los detractores de las OMIC –que los hay, aunque parezca ilógico-, es necesario informarles que este servicio básico, obligatorio y gratuito, de titularidad municipal como competencia propia recogida en las leyes, no puede hacer competencia desleal a los despachos y profesionales de la abogacía, y a otras asesorías o consultorías especializadas, ni constituye un órgano adversario u oponente de las empresas, productores o fabricantes, distribuidores y comerciantes, cuando actúa en la defensa de los intereses de las personas consumidoras y usuarias, dónde se fomenta la seguridad y la calidad de bienes, productos y servicios que se ofertan en el mercado, y se hace uso de técnicas como la mediación y el arbitraje para la resolución de conflictos de forma amistosa, evitando la conflictividad judicial. Se trabaja a lomo caliente para ofrecer una protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

En definitiva, es un servicio público que tiene una gran aceptación y recorrido en nuestra sociedad, siempre que la Administración y sus órganos rectores así lo consideren, y los usuarios/as lo demanden. No olvidemos que aquellos derechos recogidos en las leyes que no se divulgan ni ejercitan, pueden caer en el desconocimiento y olvidarse en su práctica por ejercientes y obligados con el paso del tiempo.

Los técnicos de consumo que tienen en la sangre un sentido acendrado de lucha contra las injusticias, y de defensa de los derechos de la gente ante abusos, engaños y atropellos, no deben de olvidar jamás este rol vocacional público y servicial, estén donde estén, en activo o retirados, trasladando a las nuevas generaciones sus conocimientos y experiencia para que no se pierda este gran capital en la travesía.

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