UGT y CCOO solicitan una Mesa Conjunta de diálogo antes del inicio de la campaña agrícola

Los secretarios generales de las Federaciones de Industria, Construcción y Afines (FICA) de ambas organizaciones sindicales han comparecido en la sede de CCOO Aragón

La situación pendiente de la negociación colectiva, ciertas acciones que ha propuesto recientemente el Gobierno de Aragón y problemas acaecidos en el sector agrario son temas que preocupan a los sindicatos UGT y CCOO en Aragón. Ante el comienzo inminente de la campaña agrícola en el territorio aragonés -sobre todo en Zaragoza y Huesca-, los secretarios generales de las Federaciones de Industria, Construcción y Afines (FICA) de ambas organizaciones sindicales han comparecido este viernes en la sede de CCOO Aragón para pedir tanto a la patronal CEOE como a la DGA una Mesa Conjunta de diálogo. El objetivo no es otro que renegociar condiciones laborales y socioeconómicas de los trabajadores de este sector.

El secretario general de FICA UGT, José Juan Arceiz, ha manifestado que, mientras el convenio de Huesca lleva tiempo cerrado, el de Zaragoza “está sufriendo un bloqueo técnico”, evitando la sentencia que reconoce el pago del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para los empleados del campo. “Actualmente, en la capital aragonesa se está contratando a 6,20 euros brutos la hora, pero los temporeros deberían cobrar 7,59 euros brutos”, ha subrayado. Este pago es diferente entre la provincia oscense y la zaragozana, pero “tendría que ser igual en ambos casos”. Arceiz considera que estos trabajadores ganan “una miseria”, ya que, si se añade el descuento del transporte, “el importe se queda en poco más de cuatro euros netos”.

Por su parte, la secretaria general de FICA CCOO, Ana Sánchez, ha puntualizado que, dado el alto índice de contagios durante la campaña de 2020, “se hace necesario llevar a cabo un importante control nuclear en las comarcas por tema de salud”. Además, en las dos últimas reuniones de la patronal, los sindicatos no han recibido “ninguna llamada”, cuando lo único que demandan es la apertura de una mesa para establecer un diálogo social en el tema del sector agrario. Sánchez se ha mostrado indignada porque mientras que durante el año pasado la Comisión española de Flujos Migratorios se convocó en diversas ocasiones, en este 2021 “no se ha convocado ni una sola vez”. “Es cierto que no van a venir trabajadores de fuera del país, pero habrá movimientos internos entre comunidades”, ha señalado.

A estas alturas, y a escasos días para que empiece la recogida, el 43% de los agricultores han aceptado la declaración responsable. “El Gobierno de Aragón valora de manera positiva este porcentaje, pero es totalmente insuficiente. La aceptación no llega ni a la mitad del colectivo”, ha lamentado Arceiz. Ambos sindicatos confían en la llegada de reivindicaciones como método para solucionar el problema y lograr así la rectificación de la DGA. “Pero esto solo es posible si conseguimos organizar una mesa conjunta”, aclaran.

Importancia de la inspección de trabajo

Los dos secretarios han apuntado en última instancia hacia la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como un “actor esencial con gran capacidad en este proceso”. “Pensamos que habría que dotar de más herramientas y personal a la propia Inspección de Trabajo para que pueda realizar más visitas”. A día de hoy, uno de los inconvenientes radica en el desconocimiento del emplazamiento de las fincas en las que se alojan los temporeros, lugar donde “se producen muchas irregularidades”.

“Existe un evidente nicho de fraude en la cotización a la Seguridad Social, y la responsabilidad para que no haya contagios es exclusiva del empresario, al que tendrían que imponerle duras sanciones”, han insistido. Otro de los problemas se localiza en la ignorancia de los cultivos que se plantan en la Comunidad. Por todo ello, proponen el refuerzo de dicho organismo en aras de evitar las contrataciones fraudulentas y la negociación de un convenio beneficioso que “trunque la posibilidad de fraudes”.

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