Los trabajadores temporales del Ayuntamiento presentan 400 demandas contra la precariedad

En la concentración también se ha insistido en el coste que supondría para el gobierno municipal el pago de las indemnizaciones por ese abuso de temporalidad

La Plataforma de Trabajadores Temporales del Ayuntamiento de Zaragoza se ha concentrado este jueves para denunciar la precariedad con la que hacen su trabajo. Representan al 25% de la plantilla, unos 870 trabajadores, y han presentado cerca de 400 demandas contra la institución por el exceso de temporalidad que sufren. También recuerdan que la Ley estipula un máximo un máximo de tres años para convocar ofertas de empleo cuando hay vacantes, plazo que en algunos casos se sitúa por encima de los diez, veinte o incluso treinta años.

“La ilegalidad radica en que se exceden por mucho esos tres años”, ha resumido la portavoz de la plataforma, Raquel Blasco. Es algo que sucede en toda España pero, en lo que respecta a Zaragoza, se dirigen al alcalde, Jorge Azcón, y al concejal de Personal, Alfonso Mendoza, para pedirles que “hagan una inspección y que se sepan cuántas personas estamos en abuso de temporalidad, que se sancione y se suspendan todos los procesos selectivos”, según ha explicado Blasco. El colectivo se ha reunido con todos los grupos municipales a excepción del PP.

“La Administración utiliza contratos temporales para ocupar puestos que pertenecen a la estructura de la propia plantilla y que deberían ser ocupados por personal fijo. Ahí radica el abuso”, ha explicado Blasco, criticando que “llevamos más de una década así y no hemos tenido la opción de consolidar nuestro puesto porque no han salido ofertas de empleo público”. “El dato de la temporalidad lo tenemos, lo que no sabemos es qué temporalidad es ilegal”, ha argumentado, recordando que “la Unión Europea no tolera estas tasas de temporalidad y ha lanzado un ultimátum a España”.

No obstante, la plataforma recuerda que sacar un proceso selectivo “no es disuasorio ni suficiente”, ya que la normativa europea dicta que en caso de abuso la sanción debe cumplir estos dos requisitos. “No es una sanción a la Administración sino a los perjudicados, los trabajadores, a los que se les obliga a pasar por un proceso selectivo después de muchos años en ese puesto”, ha lamentado Blasco, criticando que el problema está en que, al no trasponer la directiva europea, la Administración “campa a sus anchas sabiendo que no va a recaer sobre ellos ninguna sanción”.

De igual manera, denuncian que la oferta de empleo público del año 2020 es “totalmente ilegal” y ha sido impugnada por dos sindicatos. “Pudiendo sacar plazas a concurso para las personas que ocupan esa plaza durante más de tres años, la han sacado por libre”, ha afeado, aunque con cierta esperanza al ver que “ante tanta presión, está cambiando la situación”, planteándose en el Congreso de los Diputados la necesidad de inspeccionar las relaciones laborales que se producen en las administraciones públicas de todo el país.

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