El Gobierno llama a banca, constructoras y energéticas para promover la rehabilitación de viviendas

El Gobierno quiere promover una especie de rehabilitación ‘llave en mano’ donde la propia banca podría invitar a las comunidades de propietarios con las que trabaja a remodelar los edificios para hacerlos más sostenibles y eficientes desde la óptica de consumo energético junto a empresas constructoras y compañías energéticas.

Así lo ha indicado este martes el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, que ha manifestado que “necesitamos un salto de escala importante” para pasar desde las 30.000 rehabilitaciones integrales de viviendas que actualmente se realizan al año a unas 300.000 en el ejercicio 2023 aprovechando la oportunidad que se ofrece con los fondos europeos.

“Aquí estamos pensando en ayudas, subvenciones que ya se conocen, que ya gestionan las comunidades autónomas y que queremos incrementar sustancialmente, y estamos eventualmente también pensando en ayudas fiscales”, ha apuntado, recordando que para ello se prevé obtener más de 7.000 millones de euros solo con recurso al fondo NextGeneration UE.

Dicha cuantía incluiría tanto rehabilitación de viviendas como barrios y edificios públicos para lo que ha explicado que se precisará involucrar al sector privado. “Necesitamos al sector privado, a las constructoras, necesitamos a las energéticas, al sistema financiero para que se acerque a una comunidad de propietarios y le diga: yo le gestiono todas las ayudas, yo sé las ayudas fiscales que hay, yo les voy a gestionar también financieramente la parte que ustedes tengan que pagar”, ha dicho.

Saura explicó que el plan incluye un aval del Estado que, dependiendo de la propiedad, podría llegar a ser completo y con los ahorros energéticos que se logre con la remodelación y los potenciales beneficios fiscales se podría capitalizar la inversión. “Estos proyectos de llave en manos son muy importantes para cambiar la escala”, ha añadido.

En busca de viviendas de alquiler

En opinión del secretario de Estado, hay que aprovechar la ventana abierta con los fondos europeos para impulsar dos actividades poco desarrolladas por el sector constructor: la rehabilitación y el alquiler, ya que España también dispone de un parque de vivienda en alquiler “muy pequeño” y necesita además contar con una oferta de rentas asequibles y social.

Sobre este último aspecto ha asegurado que la intención es destinar entorno a 1.000 millones de euros para “hacer robusto el derecho de superficie” y para que “el precio resultante de alquiler de esa concesión sea relativamente barata”.

Para conseguirlo ha explicado que el Ministerio quiere movilizar suelos a precio accesible tanto desde el SEPE como de las comunidades autónomas y al respecto detalló que está cerrando acuerdos con los ayuntamientos para que pongan también suelos “a disposición de este tipo de políticas públicas”.

Si bien ha querido dejar claro que la vivienda es competencia de las comunidades autónomas tal y como ha manifestado el Tribunal Constitucional. Saura subraya que el Estado destina recursos equivalentes al 1,2-1,3% del PIB también a través de reducciones fiscales al alquiler y otras políticas de viviendas.

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