La Fiscalía interpone 27 denuncias por la gestión de la Covid-19 en residencias

La fiscal María José Segarra indicó que la Fiscalía ha abierto un total de 448 diligencias penales. Foto: Jorge Villa

La fiscal de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Personas Mayores, María José Segarra, indicó que la Fiscalía ha abierto un total de 448 diligencias penales por la gestión de la pandemia por Covid-19 en residencias, de las que el 51 % (unas 228) continúan en tramitación. Del total de los casos con la investigación concluida, un 11% ha terminado con la interposición de una denuncia por el ministerio público, que en total ha llevado a los juzgados 27 casos.

En una entrevista concedida a Servimedia, Serraga explicó que se trata de “investigaciones complicadas en las que se atribuyen graves responsabilidades por fallecimientos más allá de lo acostumbrado, de las que pudiera deducirse algún tipo de negligencia o de mala praxis, que podrían tener trascendencia penal”.

Segarra informó de la actividad desarrollada por su departamento durante la pandemia en residencias de mayores y destacó que la principal responsabilidad de la Fiscalía que dirige se centra en la tutela los derechos de mayores y personas con discapacidad internas en este tipo de centros.

En total, la Fiscalía ha presentado 27 denuncias por actuaciones que pueden tener reproche penal. Son el 11% de las concluidas. Pero, aparte de éstas, al ministerio público le constan procedimientos judiciales puestos en marcha porque los ciudadanos han acudido directamente a los juzgados y en ese caso “todo lo que hayamos hecho se pone a disposición de los juzgados”.

Segarra insistió en que “en todos los casos que se nos presenten queremos dar respuestas, explicar qué ha pasado. En la primera ola estábamos enclaustrados en casa y sin saber qué estaba pasando con nuestro familiar que estaba en una residencia hasta que pudimos ir reaccionando. Queremos contribuir a dar esa explicación”.

Con todo, el trabajo de la fiscalía que dirige Segarra tiene el grueso de su trabajo en el orden civil: “Nuestro trabajo es mucho más amplio, nuestro trabajo es velar por lo derechos de las personas que viven en espacios residenciales”.

Explicó que en enero se habían abierto cerca de 800 diligencias preprocesales, que no son de orden penal, por presunta vulneración de derechos (por no poder visitar a los residentes, por falta de EPIs…) y con ellos “colaboramos en mejorar la coordinación y agilizar las respuestas para las residencias”.

Para el futuro, habrá que “replantearse las residencias. Todo esto nos tiene que valer para reflexionar. Los epidemiólogos nos avisaban de que una situación así se podía producir y ha pasado. No está descartado que pueda volver a pasar y tenemos que prever para que no nos vuelva a pasar lo que ha sucedido. Es verdad que hemos generado protocolos y en la segunda ola la mortalidad ha bajado de manera espectacular porque sabíamos a qué nos enfrentábamos y cómo hacerlo”.

La fiscal de Sala para Mayores y Discapacidad explicó que en 2050 los mayores de 65 años “seremos un tercio de la población” y para ese momento , “sin llegar a plantear que todos los centros residenciales tengan que ser medicalizados, es verdad que tenemos que aprender y mejorar la coordinación con atención primaria y tendrán que destinarse más recursos y replantearnos los modelos de residencias porque vamos a ser más activos, acostumbrados a una vida laborar muy intensa, y es imposible pensar que en 2050 un tercio de la población no esté aportando valores, y tenemos que buscar modelos de participación que se adapten a nuestros modos de vida. Habrá que potenciar la tecnología y crear modelos de residencias mucho más múltiples”.

“Herramienta útil”

La fiscal de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Personas Mayores puso el acento en la necesidad de una nueva regulación de los ingresos en centros residenciales o sociosanitarios de personas mayores o con discapacidad cuando sean involuntarios.

Segarra explicó que la regulación actual del año 2000 se reduce a un solo artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el 763, que prevé un internamiento para personas con alguna enfermedad mental que en situación de brote agudo necesitan una atención que rechazan. Esa norma contempla su internamiento de urgencia con un obligado control judicial en las 24 horas siguientes.

Ese artículo “no nos sirve” para las situaciones más frecuentes, con alguien que ingresa voluntariamente en una residencia que va sufriendo un deterioro mental paulatino y para el que el control judicial a las 24 horas no es eficaz. Desde la Fiscalía “pedimos siempre el control judicial, pero ese artículo no nos vale. Pedimos una diferenciación de cauces para distintas situaciones”.

Ese deterioro lento de las facultades “no está contemplado como necesitaríamos. Necesitamos una herramienta útil pero adecuada a las situaciones que tenemos. Una herramienta que se adapte a esa realidad. Que discrimine situaciones agudas de las de deterioro a lo largo del tiempo. Necesitamos un corsé que se adapte a esa realidad”.

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