Vox en Aragón plantea interponer un recurso de inconstitucionalidad a la Ley Celaá

La formación defiende que existen motivos más que sobrados para presentar este recurso por parte de la Comunidad de Aragón

El Grupo parlamentario Vox en Aragón se ha quedado solo para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Educación desde las Cortes. El resto de grupos parlamentarios ha rechazado la solicitud de convocatoria específica de un Pleno para debatir dicho recurso que había planteado Vox.

La formación defiende que existen motivos más que sobrados para presentar este recurso por parte de la Comunidad de Aragón, dado que limita de forma indebida y desproporcionada derechos fundamentales de los aragoneses.

Consideraciones de Vox a la Ley Celaá 

La ley pretende imponer a los niños una educación contraria a los principios y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, especialmente en el artículo 27, de forma clara y destacada en cuanto a la educación concertada y diferenciada, la educación especial y la educación en español.

“La Ley Celaá constituye una clara vulneración del derecho fundamental de padres y alumnos a la libertad de elección del modelo educativo y de centro escolar. Y es una agresión ideologizada contra toda la estructura de la escuela concertada, diferenciada, especial y en español”, han querido remarcar desde el grupo parlamentario.

Además, esta ley otorga a la Administración educativa la potestad para la “designación del centro educativo”. Y elimina el criterio de demanda social, impidiendo la apertura de centros concertados en lugares donde no haya llegado la educación pública. Asimismo, “discrimina e impide el acceso en igualdad a los fondos públicos de los centros que opten por la educación diferenciada”, han anotado.

Colegios de educación especial 

Por otra parte, desde Vox han recalcado que esta Ley lleva a cabo una regulación de los Colegios de Educación Especial que provoca “claramente su vaciamiento progresivo porque deja sin recursos especiales a niños cuyas específicas necesidades neurológicas les impiden adaptarse a las aulas comunes”.

Se les obliga así al cierre de las aulas de educación especial y se plantea de forma única la educación “inclusiva”, que no es la deseada por muchas de esas familias afectadas y, por tanto, la conforme a su “derecho fundamental a la educación y a la elección de modelo y centro educativo”.

Principio de aconfesionalidad 

Finalmente, la Ley “vulnera también la norma y jurisprudencia constitucional que establece taxativamente la neutralidad y el principio de aconfesionalidad”, han sentenciado.

A su vez, la Ley hace que el español o castellano deje de ser lengua vehicular de la enseñanza y lengua oficial del Estado, lo que provoca que “la situación ilegal que se da en Cataluña se extienda al resto de comunidades de toda España con lenguas cooficiales”, han concluido.

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