Investigadas cuatro personas sospechosas de comerciar con animales maltratados

El Seprona de la Guardia Civil tiene abierta una investigación que implica a cuatro personas sospechosas de comerciar con perros maltratados. Los investigados tenían a los animales de raza Husky en malas condiciones y los vendían a terceros interesados. También pueden ser imputados por pertenencia a grupo criminal.

Los hechos se remontan a octubre de 2020, cuando el Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza ordenó al Seprona de la Guardia Civil de Zaragoza, la investigación de un posible delito de maltrato animal. Esto se debió a que aparecieron dos hembras de raza Husky en muy malas condiciones, que fueron rescatados en Figueruelas por dos asociaciones protectoras de animales.

Concretamente, el juzgado ponía en conocimiento las denuncias presentadas por estas dos protectoras en base a los rescates realizados los días 20 de febrero y 30 de junio de 2020, de dos perras Siberian Husky que se encontraban en unas condiciones sanitarias “graves”, según los informes veterinarios aportados, con distintas enfermedades y precisando un continuo tratamiento veterinario.

Ante estos hechos, desde el Seprona tomaron varias líneas de investigación a fin de determinar la autoría de los abandonos y maltratos de estos animales. Confluyeron, tras el rastreo de más de 200 perros, con una lista de animales que pudieran haber sido vendidos a través de internet y que pudieran estar relacionados con los rescatados.

Igualmente localizaron unas instalaciones en el término municipal de Figueruelas que carecía de autorizaciones y donde se encontraban siete perros de la raza anteriormente citada.

Por lo anterior, se solicitó la colaboración del Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza y al laboratorio “Lagenbio” de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, a fin de realizar una serie de extracciones de sangre y el estudio de perfiles genéticos tanto de los animales rescatados como de otros que se encontraban en la base de datos del mencionado laboratorio dada la obligatoriedad de registro según las Ordenanzas Municipales de Zaragoza.

Del estudio del informe emitido por la Facultad de Veterinaria y las investigaciones practicadas por los especialistas del Seprona, se pudo determinar las relaciones paterno-filial entre uno de los animales rescatados y las relaciones con varios animales vendidos de forma irregular a través de internet y los presentes en las instalaciones de Figueruelas, verificando la existencia de una trama con participación de cuatro personas.

Desde el Seprona pudieron concretar la existencia de un delito de maltrato animal, dado que se llevaba a cabo la cría de perros Husky con la finalidad de la venta a través de Internet, encontrándose en unas instalaciones que no disponían de autorización de núcleo zoológico, medidas higiénico-sanitarias adecuadas, veterinario asignado y encontrándose los animales allí presentes carentes de las correspondientes vacunaciones y desparasitaciones, estando cuatro de los animales desprovistos de la identificación oficial mediante el correspondiente transpondedor (microchip).

Igualmente se concretó la existencia de un delito de abandono animal en cuanto a que una de las perras aparecidas, estaría relacionada, mediante el estudio genético, con uno de los perros rastreados, además las dos perras rescatadas por las protectoras se encontraban en condiciones que los informes sanitarios calificaban como “graves”, diagnosticando varias enfermedades y precisando un continuo tratamiento veterinario. Finalmente se comprobó la existencia de un grupo criminal en el que cada persona adoptaba una tarea de forma concertada.

Por estos hechos estas cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, de edades comprendidas entre los 35 y 39 años y vecinos de Pedrola, han sido investigadas como presuntas autoras de los delitos de maltrato animal, abandono animal y pertenecía a grupo criminal. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza que entiende de la causa, a la vez que se ha dado cuenta al Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón por la totalidad de la infracciones administrativas observadas.

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