El grupo municipal del PSOE ha exigido este jueves al Gobierno PP-Cs que limite la externalización de los servicios sociales municipales. Por ello, ha instado a que, en la mayor brevedad posible, clarifique qué gestiones de este tipo pueden ser encomendadas a entidades privadas y cuáles deben facilitarse a través de empleados públicos. Los socialistas consideran “imprescindible” que el Ayuntamiento de Zaragoza elabore este “catálogo de funciones”, tal y como le ha sugerido el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, en un informe que ha remitido esta misma semana al Consistorio zaragozano.
La Institución ha elaborado este documento después de que el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón presentara una queja sobre la implantación del servicio de la línea 900 en el Ayuntamiento de Zaragoza. El PSOE fue el único grupo municipal que solicitó ser parte interesada en el expediente.
La portavoz de Acción Social del PSOE, María Ángeles Ortiz, ha destacado las conclusiones del Justicia de Aragón, que entiende que un call center -como lo es la línea 900- no “puede asumir funciones de información, gestión de evaluación, valoración, orientación y diagnóstico, tanto básicos como especializados, los cuales quedan normativamente reservados a la gestión directa por empleados públicos”. “Hemos denunciado en repetidas ocasiones que la línea 900 es una privatización encubierta de servicios básicos y esenciales. Este teléfono es un filtro, la atención debería hacerse por los servicios sociales de referencia”, ha apuntado Ortiz, recriminando además que el Consistorio tardara tres meses en contestar al Justicia.
En su informe, Dolado recomienda al Ayuntamiento de Zaragoza que, en la mayor brevedad posible, concluya los trámites para aprobar un Reglamento de Centros Municipales de Servicios Sociales, tal y como se establece en el Decreto de 20 de diciembre de 2016 del Gobierno de Aragón. Pero también, y así lo concluye en el propio informe, que el Ayuntamiento proceda al desarrollo reglamentario del servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación. El Ayuntamiento tiene de plazo un mes para comunicar si acepta o no las recomendaciones formuladas por el Justicia. Por su parte, el PSOE velará por que el Consistorio, y en concreto el consejero Ángel Lorén, dé respuesta a estas recomendaciones.
