Aprobada la Ley de Simplificación Administrativa, que agilizará los trámites burocráticos en Aragón

El decreto se ha aprobado sin la unanimidad de la Cámara. Foto: Cortes de Aragón

Las Cortes de Aragón han aprobado en la sesión plenaria de este jueves la Ley de Simplificación Administrativa. Se trata de un documento que busca agilizar todos los trámites burocráticos y simplificar al máximo las relaciones entre la Administración y la ciudadanía, sin perder garantías en los procedimientos ni incurrir en cuestiones de inseguridad jurídica. La mayor eficacia en la gestión de los fondos que lleguen de la Unión Europea o el fortalecimiento del tejido empresarial aragonés son dos aspectos que subyacen en la aprobación ratificada hoy.

El proyecto de ley se tramitó en tiempo récord y, tras iniciarse el proceso en el Consejo de Gobierno del pasado 23 de diciembre, ha visto finalmente la luz, aunque sin la unanimidad de la Cámara. Recoge varias líneas de actuación, como el silencio positivo como norma general, salvo que se vea contradicha por otra norma europea, estatal o por razones imperiosas de interés general, así como la revisión a la baja de todos los plazos de silencio en los próximos seis meses. De igual manera, contempla la mayor integración administrativa con el tejido social y económico, y la eliminación de trámites innecesarios con reducciones significativas de los plazos.

Asimismo, se potencia la declaración responsable o comunicación previa de reglas generales, salvo que exista alguna normativa europea, estatal o razón imperiosa de interés general que digan lo contrario, y también que vendrá unido a la incorporación de un régimen sancionador por si hubiera falsedades. Además, se institucionaliza la simplificación administrativa como objetivo común a todo el sector público y se regulará la gestión coordinada de procedimientos tanto autonómicos como locales. Se incluye también la elaboración de un Plan de Simplificación Normativa de forma simultánea a la aprobación del Plan de Gobierno en el primer año de cada Legislatura e impulsado por el Departamento competente en materia de calidad normativa.

“Este proyecto apuesta por avanzar y plantear reformas reales mediante un proceso que implica a todos los departamentos”, ha expuesto la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, destacando que las señas de identidad del documento son “digitalización, productividad, sostenibilidad y eficiencia, evitando las duplicidades y alargar los plazos”. “Los ciudadanos asocian el papeleo con la lentitud y debemos aspirar a que la Administración sea mejor, adaptándola a los retos del siglo XXI”, ha señalado.

De igual manera, el portavoz del PSOE y presidente de las mesas negociadoras, Darío Villagrasa, ha destacado la “buena sintonía y el respeto” que ha existido entre todos los grupos parlamentarios durante el proceso de tramitación. Según ha desglosado, las formaciones presentaron un total de 324 enmiendas, de las cuales se retiraron cinco. De las 319 restantes, se han incorporado 82, lo que supone la cuarta parte de las presentadas. “Se trata de una aportación importante que sin duda mejora el texto”, ha expresado Villagrasa.

Sensaciones dispares entre los grupos de la oposición

A pesar de salir adelante, esta Ley ha despertado opiniones dispares, fundamentalmente entre las fuerzas que componen la oposición. Por su parte, la portavoz del PP, Carmen Susín, ha lamentado que no haya habido plazo de alegaciones ni para preparar y defender las enmiendas, y ha cuestionado el verdadero fondo del decreto. “Esta ley no contiene nada de los fondos europeos y me parece que se va a estancar en los cajones de los distintos departamentos”, ha afeado, añadiendo que algunos de los elementos que se introducen, como la declaración responsable o el silencio positivo, no son nuevos y ya están regulados.

Las prisas en el proceso de tramitación es algo en lo que también ha incidido el portavoz de Vox, David Arranz. “No llegamos a entenderlas con una ley de cierta envergadura”, ha defendido, reprochando al Ejecutivo que solo haya aceptado dos de las 25 enmiendas presentadas por el grupo. “Estamos de acuerdo en el fondo, pero nos causa mucha incertidumbre”, ha expuesto Arranz para justificar su abstención.

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, se ha mostrado muy crítico con el documento. “Esta ley tiene mucho veneno. Lo que aprobamos hoy es la desregulación, la externalización y una inseguridad un tanto peligrosa”, ha expuesto, lamentando que no se tengan en cuenta los derechos sociales. “Solo sirve para agilizar los trámites de la actividad económica y no mejora la calidad de vida de las personas vulnerables”, ha señalado. Más complaciente se ha mostrado el portavoz de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, que ha destacado que es una de las leyes “más importantes de la legislatura” y que su formación ha tenido mucho que ver en ella.

Satisfacción con vistas a futuro en el Ejecutivo

El cuatripartito ha celebrado el importante hito que supone este decreto, aunque ha reconocido que debe medirse con el tiempo. “El Gobierno ha cogido el toro por los cuernos”, ha destacado el portavoz del PAR, Jesús Guerrero, mientras que el de CHA, Joaquín Palacín, ha avanzado que se deberá instaurar un mecanismo de evaluación para saber si se han cumplido los objetivos “sin perder la gestión y el control por parte de lo público”. Su homóloga de Podemos, Vanesa Carbonell, ha reiterado que “no implica que la Administración vaya a desaparecer, sino que va a seguir estando al servicio de cualquiera que la necesite”.

El periodo de debate ha concluido con una nueva intervención del portavoz socialista Darío Villagrasa, que ha recordado que el objetivo es “conseguir una Administración eficiente, ágil y que sepa dar respuesta a los procedimientos con los que los administrados nos encontramos en el día a día. “Es una ley que no desregula, sino que ayuda al administrado, también a los humildes. Legislar también significa unificar aquello que se requiere, pero se conserva la capacidad de inspección cuando sea necesario”, ha finalizado.

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